El PSOE lleva a Madrid las condiciones laborales de los vigilantes de Defensa
Presionará ante el Gobierno para que estos trabajadores tengan los mismos convenios que los del resto de España
El Grupo Socialista en el Congreso y en el Senado ha anunciado que retomará esta semana el "problema laboral" de los vigilantes de seguridad de los edificios pertenecientes al Ministerio de Defensa, elevando iniciativas para "presionar al Gobierno en su política de contratación de empresas que prestan servicios en dependencias públicas y no respetan el convenio nacional".
Según ha indicado el PSOE a Europa Press, sólo en Defensa, el conflicto laboral afecta a 450 trabajadores en España y de éstos, medio centenar se encuentran destinados en la provincia de Cádiz.
Por su parte, la diputada nacional del PSOE por la provincia Miryam Alconchel ha señalado que "a partir del 1 de mayo entra en vigor el contrato de adjudicación del Ministerio de Defensa a Marsegur Seguridad Privada", y ha añadido que "esperamos que desistan de imponer la precariedad en los salarios de los empleados como habían anunciado a los trabajadores y se avengan a razones, así como que no veamos nóminas a la baja".
Alconchel ha recordado que ha registrado preguntas al Gobierno en relación a este conflicto, en el que sostiene "que el Gobierno no puede mirar para otro lado y amparar la explotación laboral en edificios públicos".
En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha adjudicado recientemente a Marsegur el contrato por valor de 19 millones de euros del Ministerio de Defensa, "a pesar de ser una empresa denunciada en los tribunales de justicia porque aplica su propio convenio en lugar del estatal, que es más favorable a los trabajadores".
Alconchel ha recordado que en su pregunta parlamentaria denunciaba los "temores de la plantilla sobre la aplicación de una reducción de salarial media de un 45 por ciento sobre lo que han venido cobrando con la empresa cesante", y advertía al Ministerio de "ser cómplice de la barbaridad de conducir a este colectivo del mileurismo a la indigencia laboral, ya que con las condiciones que pretenden imponer los sueldos nunca superarían los 750 euros".
En este sentido, Alconchel ha señalado que la respuesta parlamentaria ofrecida, "el Gobierno justifica, como en otras concesiones realizadas a la misma empresa en otros ministerios, que presentan la oferta económicamente más ventajosa", lo que a juicio de la dirigente socialista es "a costa de quitar derechos adquiridos a los trabajadores".
