Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres personas como presuntos autores del robo de motores de narcolanchas cuando se encontraban requisados en el deposito judicial de Conil de la Frontera (Cádiz), según han indicado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.
Los hechos se produjeron sobre las 21,15 horas de este lunes, cuando los detenidos fueron sorprendidos en el momento en el que intentaban perpetrar el robo. Los detenidos intentaron llevar a cabo la sustracción por el método del escalo.
Finalmente, los agentes recuperaron los motores robados de las narcolanchas. La investigación continúa abierta para esclarecer los hechos e investigar otros presuntos implicados.
El depósito se legalizó el pasado mes de septiembre
La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local sacó a licitación el contrato para poner en marcha el depósito judicial del Campo de Gibraltar que, como novedad, incluye la recepción de las llamadas ‘narcolanchas’, tras haber llegado a un acuerdo con la Agencia Tributaria para incluir este tipo de embarcaciones. El presupuesto es de casi un millón de euros durante tres años, prorrogables.
Según ha explicado la Junta en una nota, el pliego de condiciones detalla que el adjudicatario deberá prestar los servicios de recogida, transporte, depósito, custodia y entrega o destrucción en su caso, de los tipos de vehículos y determinados tipos de embarcaciones considerados efectos judiciales y vinculados a expedientes tramitados por los órganos judiciales pertenecientes a los partidos judiciales de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque, durante el tiempo que estipule la autoridad judicial.
Se trata de vehículos a motor como automóviles, ciclomotores, motocicletas, autocaravanas, camiones, autobuses, furgonetas y demás vehículos definidos como tales por el Reglamento General de Vehículos.
Igualmente, el contrato comprende las embarcaciones que tengan la consideración de género prohibido, definidas en el Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías.
Solucionar uno de los graves problemas del Campo de Gibraltar
“Con este depósito queremos solucionar uno de los graves problemas que sufre el Campo de Gibraltar con la acumulación de embarcaciones utilizadas por el narcotráfico fruto de las operaciones policiales que se están llevando a cabo desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en coordinación con los órganos judiciales”, ha explicado el directo general de Infraestructuras judiciales, Miguel Ángel Reyes.
En este sentido, ha añadido que “la situación era insostenible y hemos alcanzado un acuerdo con la Agencia Tributaria para hacernos cargo de este tipo de embarcaciones, pese a que inicialmente no eran nuestra competencia”.
El contrato tiene un valor máximo de 984.667 euros para lo que resta de 2020 y hasta 2023 incluido, con la posibilidad de prórroga.
El mismo fija también las condiciones que debe tener el espacio para el depósito ya sean terrenos, parcelas, instalaciones, plataformas o edificaciones, aptas para el servicio, debiendo estar delimitadas, cerradas y separadas de las propiedades colindantes.
El depósito, ubicado en la provincia de Cádiz
Asimismo, la Junta ha señalado que deberá estar ubicado dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aunque en el caso de de no encontrarse en los términos municipales de Algeciras, Los Barrios, La Línea de la Concepción, San Roque, Tarifa, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera o San Martín del Tesorillo, o a menos de 60 kilómetros de alguna de estas localidades, el adjudicatario estará obligado a cumplir de igual forma con el traslado y entrega de los vehículos retirados del depósito en alguno de los términos municipales citados y sin que dichos servicios supongan coste adicional alguno para la persona que retire el vehículo, ni para la Administración.
Las instalaciones citadas deberán ser capaces de albergar simultáneamente un mínimo de 450 vehículos.
De ellos, se estima que aproximadamente un 3% corresponderán a autobuses, camiones, remolques o caravanas, para lo que deberá contar con una superficie apta de 675 metros cuadrados; un 20% a motocicletas y ciclomotores; y el resto, a automóviles.
Asimismo, las instalaciones deberán ser capaces de albergar un mínimo de 300 embarcaciones.
“Era un compromiso que adquirimos ya en nuestra primera visita a los juzgados del Campo de Gibraltar y que el propio vicepresidente de la Junta, Juan Marín, trasladó a las autoridades judiciales.
Estamos cumpliendo y esperamos que lo antes posible se convierta en una realidad”, ha añadido Reyes.
