Los empresarios de la costa tomarán medidas contra el Ayuntamiento de Cádiz

AECCA muestra su indignación por la inseguridad jurídica que generan los constantes cambios de criterio del Consistorio durante el último año

La Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz, tras la reunión mantenida econ los asociados de Cádiz, titulares de las instalaciones de chiringuitos, ha manifestado públicamente su indignación ante la actual posición del Ayuntamiento.

De este modo, se anuncia el inicio de todas las medidas a nuestro alcance contra el Consistorio gaditano con el objetivo de recuperar la estabilidad de las empresas. Desde la administración local insisten en no reconocer la transmisión realizada como vía para la adaptación de las instalaciones a los nuevos parámetros de ocupación y permanencia que permite el Reglamento de Costas actual. Hecho este que se ha dado ya en otras poblaciones costeras de la provincia, con el consiguiente beneficio en la lucha contra la estacionalidad del turismo, la estabilidad laboral en el sector, así como la seguridad jurídica y económica de los empresarios.

AECCA entiende que desde el Ayuntamiento se está torpedeando un procedimiento impulsado por ellos mismo, donde se exigió a los empresarios toda la colaboración posible. Junto con la administración andaluza se estuvo cumplimentando las numerosas exigencias técnicas y jurídicas, hasta la resolución final que, ahora, resulta que no es reconocida por el Consistorio. Este malestar está generando un perjuicio y una incertidumbre que obliga a los empresarios a tomar medidas extremas. La actitud municipal con respecto a un colectivo que genera empleo y riqueza, fortaleciendo la imagen de Cádiz en el contexto de los servicios en la playa, ha sido desleal y arbitraria durante este tiempo.

Se llega a esta conclusión tras no reconocer la transmisión impulsada por ellos mismos; abriendo expedientes sancionadores por la colocación de las terrazas, porque decidieron cambiar el criterio técnico habitual de cada temporada para la legalización de estos espacios. Por utilizar un criterio para los empresarios locales distinto al que esgrimen para autorizar, sin embargo, a otras instalaciones (como Cádiz Arena) que  son –curiosamente- considerandos como ocupaciones que no contravienen el PGOU. Sosteniendo, ahora, la vuelta a un pliego de condiciones que ellos mismos consideraban obsoleto y perjudicial para la actividad económica en la playa, trayendo consigo el desmontaje de las instalaciones en octubre (y su consecuente despedida de personal vinculadas a las mismas).

Desde AECCA afirmamos rotundamente que se ha dejado de tener confianza en el Ayuntamiento de Cádiz, hartos de que nos den el visto bueno para instalar terrazas y luego recibir denuncias por ello. Hartos de que se nos diga que podemos consolidar nuestras plantillas porque se va a reconocer la permanencia, para luego argumentar que lo válido es el pliego del gobierno anterior (PP), que no permitía la presencia de chiringuitos a partir de octubre, …etc.

Por todo ello, exigen al Ayuntamiento que defina, de una vez, qué quieren para los usuarios de las playas gaditanas. Que decidan el modelo de playa que quieren tener, si con servicios y generadora de empleo durante todo el año o solo en época estival. Si lo que quieren son instalaciones adaptadas al nuevo Reglamento de Costas (como en Chiclana, El Puerto, Tarifa…), que permiten mayor superficie de terrazas y, por ende, mejor servicio y mayor empleo o si lo que quieren son instalaciones incómodas de las que otras poblaciones está huyendo.

Los empresarios queremos emplazar al Consistorio gaditano, de manera urgente, a que cumpla con los compromisos adquiridos con el sector. Tras la larga tramitación con los consiguientes gastos en proyectos técnicos, informes, certificaciones, las expectativas generadas a empresarios y plantilla, las inversiones hechas tras los desastres del temporal EMMA y la preparación de las instalaciones para su permanencia, a los empresarios se nos ha agotado la paciencia.

En este punto, considera que se ha jugado con nosotros, así como con los trabajadores y sus familias. Se han limitado nuestros derechos, se ha creado un inseguridad jurídica y han generado una incertidumbre perjudicial para cualquier actividad económica. Son motivos más que suficientes para, lamentándolo mucho, iniciar todas las medidas administrativas y judiciales con el objeto de aclarar esta insoportable situación y que sus responsables asuman las consecuencias oportunas.