Tribuna libre de José Antonio Pérez Mata, Abogado y Máster en mediación familiar, educativa y comunitaria.
Vivimos inmersos en la era de las comunicaciones. La importancia de la comunicación ha llegado a tal extremo que cualquier persona puede llegar a padecer momentos de auténtico colapso para atender a la demanda de mensajes (emails, facebook, twitter, linkedin, whatsapp, line, skype, entre otros muchos...). En esta vorágine de trasiego de datos resulta difícil, por no decir imposible, la mayoría de las veces, discernir sobre el grado de verosimilitud de la información recibida, hasta el punto de que, -por defecto-, damos por buena la misma sin cuestionarla mínimamente.
Desde hace bastante tiempo las noticias relacionadas con asuntos judiciales han pasado, de ser temas que pasaban prácticamente desapercibidos para la opinión pública, a convertirse en especialmente jugosos para la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Baste recordar asuntos como el accidente de Farruquito, el de Ortega Cano, los casos de Marta del Castillo, de Julián Muñoz, Isabel Pantoja, José María del Nido y, como no, el actual de Urdangarín y la Infanta Cristina. Y buena prueba de ello lo constituye el que baste con mencionar el nombre del famoso de turno para que el lector sepa inmediatamente a qué pleito nos estamos refiriendo, qué ocurrió, si hubo o no condena, e incluso, qué comentaristas o contertulios de los distintos programas se posicionaron a favor de una u otra parte.
De un lado, está el derecho a la información, -consagrado en el artículo 20 de la Constitución como uno de los derechos fundamentales-, que se concreta tanto en el derecho a comunicar como en el derecho a recibir información, y el interés que los medios de comunicación consiguen despertar en la sociedad utilizando toda clase de técnicas.
De otro lado, está el derecho a la tutela judicial, contenido en el artículo 24 de nuestra Constitución, cuyo contenido se podría sintetizar en el derecho a la tutela judicial efectiva, a la prohibición de la indefensión, a las garantías constitucionales del proceso penal, a la presunción de inocencia y a la exclusión del deber de testificar.
La actividad frenética de los medios de comunicación y el continuo bombardeo sobre los ciudadanos cuando acometen una noticia, genera un estado de opinión pública sobre el tema. No me estoy refiriendo al color de la tendencia política que abandera ese medio de comunicación, -este punto sería objeto de estudio en otro momento-, sino a la influencia que ese medio de comunicación ejerce sobre la opinión del ciudadano de la calle al tratar cualquiera de estos temas, emitiendo no sólo información sino opinión.
Sin dudar un ápice de la profesionalidad de los Jueces, -que me consta sobradamente-, debemos comprender que en ellos concurre, de manera difícilmente separable, su condición de ciudadano y su condición de miembro de la judicatura. El Juez al conocer de un caso debe valorar y apreciar en conciencia las pruebas que se practiquen. Sin embargo, al ciudadano siempre le queda la duda de que, en estos casos “mediáticos” el Juez sea capaz de sustraerse de esa opinión pública que le llega, en su condición de ciudadano, y pueda ejercer la misión que le encomiendan la Constitución y las leyes, de manera aséptica e imparcial. Es muy típico escuchar en diversos foros, redes sociales, y en la misma calle expresiones tales como “a fulanito no le veremos entrar en la cárcel”, “la justicia favorece a los ricos y famosos” y otras de similar contenido.
Por poner un ejemplo de rabiosa actualidad, baste con ver lo que ha ocurrido recientemente con la declaración de la Infanta Cristina. La opinión pública pide, -como se hacía en el circo romano-, la cabeza de la imputada, de forma que toda decisión del Juez que no sea la de procesarla, será duramente criticada y puesta en tela de juicio, a pesar de que, se supone que el instructor dispone de muchos más elementos de juicio que el consumidor o usuario de medios de comunicación.
No nos engañemos: aunque la Justicia sea ciega y confiemos en la imparcialidad de los jueces, es evidente que no tiene la misma trascendencia juzgar a un ciudadano anónimo, que tener sentado en el banquillo a una de estas celebridades, y ello, por la repercusión mediática a la que hemos aludido. Me remito a las imágenes de la Juez Alaya, cada vez que hace el diario recorrido de entrada a su Juzgado entre flashes y vídeos, cual estrella de cine o televisión, y eso que ella actúa como instructora, por lo cual no va a juzgar a nadie.
Sería deseable que los medios de comunicación no emitieran opiniones sobre un asunto del que esté entendiendo un Juzgado. Los medios de comunicación ejercen una gran influencia sobre la ciudadanía y se crea la llamada “alarma social”, que, jurídicamente opera siempre en contra del imputado.
José María del Nido, ex-presidente del Sevilla F.C., entrando en prisión
Recientemente, la Audiencia de Málaga ha dictado un Auto en el que conminaba a José María del Nido a no retrasar más su ingreso en prisión, en espera de la concesión o no del indulto que había solicitado. En dicho auto la Sala establece que no cabe suspender al ejecución de la pena basándose en la gravedad" de los hechos y la sensación de "impunidad" que se produciría si se acordara dicha suspensión.
Sin duda esa sensación de impunidad es la que la gente de la calle, consumidores de los medios de comunicación, percibe respecto de los famosos que antes he mencionado. A menudo se oye en la calle que “un pobrecito roba una gallina y lo meten en la cárcel mientras que a un personaje de aquéllos no le pasa nada”.
Los medios de comunicación buscan siempre llamar la atención del consumidor, y para ello buscan crear polémicas. Véase la escasa repercusión que ha tenido la entrada del Sr. del Nido en prisión comparada con el revuelo que se formó con su juicio. Sin embargo, desde que se hizo pública su condena, muchos ciudadanos apostaban que no lo verían entre rejas por tratarse de una persona con muchas influencias. De hecho, no son pocas las voces que ahora dicen que estará muy poco tiempo recluído.
Dejemos la Justicia para los profesionales (Jueces y Magistrados, Fiscales, Abogados y Procuradores). Entiendo que los medios de comunicación deban informar sobre juicios que sean de interés general, pero deben evitar emitir opiniones y valoraciones acerca del mismo, pues no hacen más que caldear el ambiente social y someter a los jueces a una presión nada beneficiosa para la Justicia, que debe ser igual para todos. Entiendo que, lejos de lo que la gente cree, el hecho de ser famoso, perjudica al imputado, precisamente por la alarma social que crea y esa sensación de impunidad a que alude el Auto antes citado.