¿Puede consentir un profesor puñetazos y agresiones de un alumno?

Según la Junta de Andalucía una agresión de un estudiante no deja de ser un «riesgo inherente»

¿Son los docentes unos seres absolutamente desprotegidos al menos en Andalucía? ¿Hasta qué punto sus derechos básicos son respondidos por la teoría de un mundo puesto del revés? Valga decir la última no precisamente buena nueva: que un profesor reciba un puñetazo en la cara o un golpe en la cabeza con una grapadora por parte de un alumno -pongamos por caso- es tan accidental como caerse por las escaleras. ¿Chocante?

¿Chirriante? Pues al menos eso es lo que sostiene -erre que erre- la Consejería de Educación al considerar que, a efectos legales, una agresión de un estudiante no deja de ser un «riesgo inherente» a su profesión. Para quedarse helados. Ha sido con este argumento con el que el departamento que dirige Sonia Gaya ha rechazado las pretensiones de un profesor al que un alumno atacó en un instituto de Jaén.

Los datos son explícitos. El menor fue condenado a un año de libertad vigilada, pero también a pagarle al docente una indemnización de 1.580 euros que nunca abonó y que la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) reclamó a la Junta de Andalucía, con el mismo éxito que en el caso de la familia del alumno.

¿Cuál fue el siguiente paso? APIA demandó a la Consejería de Educación por la vía Contenciosa y la llevó a juicio al considerar que, al no afrontar los padres del alumno la indemnización, ésta correspondía a la Administración andaluza. Pero la Junta se negó desde el primer momento. Sin ningún disimulo. Sin ningún pretexto. Sin ninguna… ¿equidad?

Y lo hizo, en efecto, en el juicio contencioso, en base a un informe de sus servicios jurídicos que concluía que no había lugar a la indemnización porque la Administración no había incurrido en ninguna responsabilidad ni se le podía achacar ninguna deficiencia o inacción que hubiese podido favorecer la agresión. ¿Entre comillas?

A continuación viene lo peor. Lo hiriente. Lo indignante. El informe está firmado por la jefa de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación, Gracia Gómez, y dice, literalmente, que el accidente sufrido por el profesor del IES García Lorca de Jaén «constituye un riesgo inherente a su profesión».

«La causa del daño -indica el informe de Educación- fue absolutamente fortuita, no interviniendo en absoluto la Administración Educativa en su producción o en la introducción de elementos que favorecieran el accidente».

¿Indefensión docente? La agresión -que a más inri consistió en un puñetazo en la cara y un tremendo golpe con una grapadora en la cabeza- no ocurrió, dice el informe jurídico, por ningún motivo achacable a la Junta, sino «a consecuencia de las propias especificidades y riesgos inherentes» a la profesión de docente. Ancha es Castilla.

Incomprensible. La agresión tuvo lugar, concretamente, el 3 de febrero de 2016 y, previamente, el alumno -en situación de riesgo social y familiar- amenazó al docente con cortarle la cabeza. «Te voy a cortar la cabeza…, ten cuidado, sé dónde vives, conozco tu coche y ten cuidado con la familia», le gritó sin ningún tipo de pudor.

¿Es admisible hechos como éste? Como no podía ser de otro modo, la respuesta de la Junta de Andalucía ha indignado al colectivo de profesores de instituto. ¿Quién pudiera pensar lo contrario? Hasta el punto de que ha reclamado la «inmediata» dimisión de la jefe de los servicios jurídicos de la Consejería de Educación y la comparecencia de la consejera para que dé explicaciones. APIA concluye que, a tenor del informe, son «riesgos inherentes» que «se nos insulte, se nos veje, se nos acose, se nos escupa, se nos golpee o se nos empuje escaleras abajo».