Quieren que Maeztu medie para municipalizar el agua en San Fernando

La Plataforma en Defensa del Agua Pública quieren incluir el proceso en la agenda del equipo de Gobierno

Los miembros de la Plataforma en Defensa del Agua Pública de La Isla solicitan a Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, su mediación entre la ciudadanía y la alcaldesa Patricia Cavada para que dé inicio al proceso de municipalización del agua pública. La reciente noticia del inicio de la privatización por parte del gobierno local hace dudar a la Plataforma de si Cavada, también concejala de Participación, tiene alguna intención de reunirse con la Plataforma.

El pasado viernes se publicó la intención del gobierno local de volver a privatizar el agua. Las declaraciones del andalucista Francisco Romero, teniente de alcaldesa, no pillan de sorpresa a la “Plataforma del Agua”. El derecho al agua sigue fuera de la agenda de Romero y Cavada.

Por esto, la Plataforma en Defensa del Agua Pública de La Isla acude al Defensor del Pueblo Andaluz. El máximo órgano andaluz para la protección de los derechos es la persona adecuada para mediar entre la ciudadanía y el gobierno. En este caso, le solicita mediar por la recuperación de la gestión del servicio de aguas a manos del interés público.

Maeztu firmó el pasado noviembre la Declaración de Cádiz sobre el derecho humano y la gestión pública del agua. En ella se reconoce que “el abastecimiento de agua para el consumo humano y el saneamiento es un derecho humano (…) indispensable para vivir dignamente”; también que “el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”.

La Plataforma también recuerda que en marzo solicitó entrevista a Patricia Cavada, alcaldesa y concejala de participación. Esta, sin embargo, aún no ha concedido esa entrevista. Tampoco se ha interesado por la defensa de la gestión en beneficio de la ciudad.

“Esperamos que la mediación de una autoridad como Maeztu sea el toque definitivo que ponga a Cavada a trabajar con responsabilidad por el pueblo cañaílla”, concluyen desde la Plataforma.