El juez admite las demandas de empleados apartados por Mamen Sánchez (PSOE)

Afectados por los ceses masivos denunciaron una “auténtica caza de brujas” en los cinco primeros días de Gobierno

• El acuerdo de JGL afectó a profesionales con más de 30 años de servicio de la Administración y hasta con 20 años en el mismo puesto

• “Todo fue un simulacro, orquestado de tramitación, una simulación descarada que trataba de encubrir una decisión basada en intenciones torticeras”

• “El acuerdo fue adoptado con auténtica precipitación, hasta el punto de que todo se hizo en el mismo día”, con un expediente “ad doc” y sin contacto alguno con los afectados,  según las primeras demandas 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez ha admitido a trámite las demandas presentadas por empleados municipales que denunciaron, al inicio de la legislatura, haber sido víctimas de una “auténtica caza de brujas” tras la toma posesión del nuevo Gobierno de Mamen Sánchez (PSOE). El grupo de afectados ya había anunciado su intención de recurrir a los tribunales por considerar “totalmente ilegal” el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local, celebrada tan sólo cinco días después de que entrará el nuevo Gobierno del PSOE. De momento, será citada a declarar la primer teniente de Alcalde y delegada de Empleo, Recursos Humanos y Deportes, Laura Álvarez, en todas las demandas presentadas además de los delegados que tomaron la decisión.

Mamen Sánchez en rueda de prensa | Eliot Navarro para MIRA Jerez

Según consta en las primeras demandas presentadas hasta la fecha, los afectados consideran que la decisión de cesar precisamente a los 19 empleados municipales que estaban en puestos vinculados a la Alcaldía, sin haber mantenido contacto alguno con ellos en la primera semana de Gobierno y sin conocer sus perfiles profesionales, parecía ya “una decisión previa”, incluso a la investidura.

De hecho, alegan  la “celeridad” y la “precipitación” con la que fue adoptado el acuerdo, en una JGL, extraordinaria y urgente, sin informe de la Intervención Municipal y con un expediente hecho “ad doc” para los ceses, ya que, según recogen en sus demandas, todos los informes y la memoria justificativa se hicieron en el mismo día en el que se adopto el acuerdo y “con idéntica redacción y formato”. Tampoco se justificó el motivo de la urgencia.

Precisamente, y como consecuencia de esta precipitación, los afectados incluyen en sus demandas “el vacío absoluto que provocó esta decisión en una parte de la estructura municipal en la que se llevan expedientes de importancia y transcendencia”, sin aviso previo a los empleados municipales y sin conocer los asuntos y funciones que estaban desempeñando. Además, en el momento en el que fueron apartados de sus funciones ni siquiera se había aprobado ninguna estructura organizativa para el nuevo Gobierno.

Por este motivo, alegan en sus recursos que “el cese no responde más que a un criterio meramente político, desconocedor por completo de los fines que deben estar siempre presentes en el actuar de la Administración”. Tras argumentar con abundante doctrina jurisdiccional las demandas, consideran que “la única finalidad de los ceses ha sido la de cesar por cesar, limpiar, quitar de en medio, al personal que se entiende vinculado al anterior equipo de Gobierno, con vulneración flagrante del artículo 103 de la Constitución”.

Cabe recordar que este acuerdo supuso el desmantelamiento de los Servicios de Alcaldía, Primera Tenencia de Alcaldía y Presidencia, afectando el cese generalizado a auxiliares administrativos, conductores y técnicos municipales, en algunos casos funcionarios de carrera. Personal con décadas de servicios al Ayuntamiento, y en algunos casos también con más de 20 años en el mismo puesto de trabajo, lo que significa, por tanto, que han trabajado con distintos gobiernos municipales. Precisamente, los trabajadores afectados han defendido desde el primer momento su servicio a la ciudad “con absoluta profesionalidad” independientemente del color político del Gobierno.

De hecho, las recursos presentados vienen motivados por considerar que han sido víctimas de una “purga política” por parte del nuevo Gobierno de la alcaldesa Mamen Sánchez. Según denunciaron los afectados “ni siquiera medió una mínima explicación, ni se tuvo en cuenta su trayectoria profesional y que no se han respetado las normas que disponen a qué tipo de puestos pueden ir adscritos tras el cese”.

En sus sus demandas recuerdan también que, tras el acuerdo de JGL, el personal cesado fue dispersado por distintas delegaciones sin conocer las necesidades reales de las mismas pues el nuevo Gobierno acaba de tomar posesión. Igualmente se recuerda que “tampoco se mantuvieron entrevistas con los cesados para tener en cuenta su perfil y su carrera profesional, a la hora de asignarles sus nuevos puestos”. Esto provocó que fueran adscribiéndoles  a puestos muy por debajo de lo legalmente establecido, “muestra muy a las claras hasta dónde son capaces de llegar en la purga”, según advirtieron tras los ceses. Por último, en sus escritos al juez hacen también alusión a la casualidad de que “sólo se produjera el cese de 19 empleados vinculados a la Alcaldía y ninguno más entre los 1.693 trabajadores que componen la plantilla municipal”.