La Renta Mínima de Inserción Social beneficiará a 11.500 personas en Cádiz
La Junta celebra una jornada informativa sobre la puesta en marcha de este decreto ley
El delegado de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, ha participado en una jornada formativa sobre la puesta en marcha del decreto-Ley que establece en Andalucía la Renta Mínima de Inserción Social que en la provincia de Cádiz va a beneficiar cada año a más de 11.500 personas de 4.268 unidades familiares.
En una nota, Belizón ha destacado que la Renta Mínima de Inserción Social "es un paso más de la Junta de Andalucía para avanzar en la atención a las personas más vulnerables". No obstante, ha recordado que "la mejor arma para luchar contra la pobreza a corto, medio y largo plazo es el empleo porque la renta mínima es una garantía de ingresos que se complementa siempre con un plan de inclusión, de un acompañamiento para la inserción laboral y social con el objetivo de que las personas y unidades familiares beneficiarias puedan salir de la situación en la que se encuentran".
En este sentido, la secretaria general de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Purificación Gálvez, ha subrayado que, además de la ayuda económica y de acuerdo con el decreto-ley, el Servicio Andaluz de Empleo y los servicios sociales comunitarios del municipio donde resida la persona solicitante, diseñará un plan de inclusión sociolaboral personalizado que incluirá las actuaciones y medidas que se deberán desarrollar.
"Este documento, que deberá elaborarse en el plazo de un mes a partir de la concesión, deberá incorporar la perspectiva de género mediante la inclusión expresa de acciones para avanzar en la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres", ha remarcado Purificación Gálvez.
En este sentido, ha explicado que el decreto-ley prevé la posibilidad de suspender de forma temporal la percepción de la renta mínima en el supuesto de que se suscriba un contrato de trabajo con una duración entre uno y seis meses. "Otra de las novedades es la unificación de los criterios de situación de urgencia o emergencia social, cuyo procedimiento se acordará o desestimará en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la entrada del expediente en la delegación territorial que corresponda", ha explicado.
Por su parte, la delegada territorial de Empleo, Gema Pérez, ha afirmado que "el Gobierno central no sólo ha aprobado esa reforma laboral que está teniendo un tremendo impacto negativo sobre el mercado, sino que también sigue negando, sistemáticamente, un plan especial de empleo a Andalucía que le corresponde por justicia y que sí le ha concedido, en cambio, a otras comunidades autónomas".
