Una situación que, por desgracia, es extensible a muchos municipios de Andalucía. El Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha vuelto a reclamar al Gobierno central más efectivos de la Guardia Civil y una mayor dotación de medios para hacer frente al aumento de la presencia de 'narcolanchas' en su costa y al incremento de los robos en zonas agrarias.
De esta manera, estos dos asuntos han centrado la Junta Local de Seguridad celebrada en el Consistorio, en la que han participado el alcalde, José Francisco Garrido, la concejal de Seguridad, Mónica Morales, y la primera teniente de alcalde, Pilar Fenoy.
A la referido reunión han asistido mandos policiales, de Protección Civil y de la Guardia Civil, así como el secretario de la Subdelegación del Gobierno en Almería. Durante el encuentro, se ha analizado la situación actual del municipio en relación con las organizaciones criminales dedicadas a la introducción de hachís, los delitos asociados y el tráfico de personas mediante el uso de 'narcolanchas', cuya presencia ha aumentado "considerablemente" en las aguas de la costa nijareña.
Almería, sin medios para luchar contra el narcotráfico
Asimismo, el Ayuntamiento ha solicitado información sobre las actuaciones previstas ante las quejas vecinales por el "aumento exponencial" de robos en las zonas agrarias del término municipal.
El alcalde ha mostrado la "plena disposición" del Consistorio a colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con el resto de administraciones para hacer frente a esta problemática, al tiempo que ha valorado la "impagable labor" de la Guardia Civil. Garrido ha recordado que las competencias en materia de seguridad, tanto en zonas rurales como en la costa, corresponden al Ejecutivo central.
Finalmente hay que añadir que en el orden del día también se han analizado los dispositivos de seguridad previstos para distintos eventos del municipio, como Expolevante-Níjar, la Níjar Súper Cup, el Desembarco Pirata de San José o las fiestas de los núcleos urbanos. Además, se ha renovado el convenio de colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad presentes en el término municipal para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección a las víctimas de violencia de género.
