El Parque de la Historia y el Mar de San Fernando suma un enésimo fracaso
El último informe de Costas desautoriza el último uso propuesto y vuelva a enfrentar a PSOE y al PP
La alcaldesa, Patricia Cavada, y el concejal de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, han reclamado a la Dirección General de Costas del ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno Central, “rigor técnico y lealtad institucional con proyectos importantes para San Fernando”; tras denunciar el “freno” al desarrollo económico e industrial de la ciudad al que esta administración está sometiendo a San Fernando, en relación a dos “importantes” proyectos para la ciudad: la subestación eléctrica de Janer, relacionada con la puesta en funcionamiento del tranvía metropolitano, y el Parque de la Historia y el Mar, donde se proyectaba un Centro de Industrias Digitales.
Ambos proyectos -tal y como ha asegurado la regidora isleña en rueda de prensa- se han encontrado “de manera sorpresiva” con informes que, en un caso se extralimita en sus competencias, las de Costas, y en otro es extemporáneo “con la clara intención de atacar a la ciudad y al cambio de modelo de desarrollo económico emprendido por este equipo de gobierno, a la vista de cómo se han sucedido los hechos”.
Para explicarlo, Cavada se ha remontado a enero de 2011, fecha en la que un Real Decreto establece las funciones que, en materia de ordenación y gestión del litoral, tienen las comunidades autónomas, asumiendo éstas la gestión de las concesiones demaniales de dominio público, y reservándose el Gobierno Central, en ese mismo RD, “única y exclusivamente la función de fijar el canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público”.
En el caso de la subestación eléctrica, y aún siendo competencia de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, al ser una nueva concesión existe la obligación de solicitar a Costas un informe, con la obligación de contestar en el plazo de dos meses y especificando la normativa que, en caso de no contestar en este plazo, se puede proseguir con la tramitación del expediente.
Pero, a pesar de ello “Costas emite un informe desfavorable, ilógico y extemporáneo, 18 meses después de la solicitud. Ese trazado llevaba la tramitación de una concesión sobre una vía pecuaria, que se había aprobado, requería también una tramitación para pasar la línea por debajo de la carretera CA-33 y la vía férrea, también aprobado, y también había sido aprobado y licitado el proyecto, y adjudicada la obra por la Junta de Andalucía para empezar de manera inminente. Dieciocho meses después nos llega este informe que puede llegar a retrasar el desarrollo industrial de San Fernando”, sostiene Cavada.
El segundo caso al que se ha referido la alcaldesa isleña hace referencia al Parque de la Historia y el Mar. Así, ha recordado que fue en 2004 cuando se concedió una concesión de 24.500 metros cuadrados contemplando los siguientes usos: aparcamientos, zonas de recuperación de esteros, un edificio central, embarcaderos, rampas de entrada y salida, paseo por el borde del Caño, escenario y terraza.
“Doce años después este gobierno, queriendo referenciarse en determinados sectores y sabiendo de la importancia del medio natural de nuestro entorno y relacionarlo con sectores emergentes como las industrias digitales, impulsa el Centro de Industrias Digitales con las empresas tractoras en el sector, poniendo en marcha el expediente paralizado desde entonces para definir los usos del edificio principal: unos 2.000 metros cuadrados ocupados de los 24.500, con actividades culturales, tecnológicas, formativas, promocionando las industrias digitales y el entorno medioambiental y llevando, por tanto, a la generación de riqueza económica y empleo”.
Así, se tramitó el expediente ante la administración competente, la Junta de Andalucía, en junio de 2016, “quedando el expediente completado tras otorgar usos al edificio”. “Sólo restaba que la Dirección General de Costas calculara el canon del Parque de la Historia y el Mar, a la vista de los usos que iba a tener este edificio, pero no ha sido hasta febrero de este año, -ya con el proyecto de ejecución realizado, tramitada la subvención de 1 millón de euros concedida por la Junta de Andalucía y a falta de la firma formal del convenio con la agencia Idea e inicio de las obras-, cuando se ha pronunciado Costas alegando algo que no le compete y que, además, es incoherente: dice que los usos son incompatibles pero, por otro lado, da la opción de hacer una modificación sustancial de la concesión”.
“Son compatibles los usos y jamás estaremos en una modificación sustancial porque no superamos el diez por ciento de concesión, por lo que Costas se extralimita en sus competencias emitiendo un informe contradictorio e incoherente”, indica Cavada, que insiste en asegurar que no existe interés en hacer de este asunto “una batalla política”, sino que se persiguen “soluciones administrativas porque esta ciudad tiene que avanzar en el cambio de modelo productivo que hemos iniciado”.
Así las cosas, la alcaldesa isleña espera que Costas responda a la petición urgente de reunión que se le ha hecho para aclarar ambos asuntos porque los informes conllevan “un importante retraso en dos proyectos que ya llevan muchos años esperando y que son de vital importancia para la ciudad de San Fernando”.
Desde el PP
El presidente del PP isleño, José Loaiza, ha comparecido en rueda de prensa para clarificar la información vertida por la alcaldesa socialista, Patricia Cavada, relativa al informe remitido por la Dirección General de Costas sobre el Parque de la Historia y el Mar y la subestación eléctrica del Janer.
Sobre la situación de la subestación, el portavoz popular fue claro al manifestar que no tenía información suficiente para valorarlo, y esperó que todo se solucione lo antes posible.
Al respecto, Loaiza fue contundente al desmentir que Costas haya tumbado el uso para la industria digital del Parque de la Historia y el Mar. “No se puede mentir permanentemente como hace la señora Cavada, que lo que ha intentado es saltarse todos los procedimientos administrativos a los que estamos obligados todos los ciudadanos y, como no puede ser de otra forma, todas las instituciones, incluido el gobierno de San Fernando”.
El edil popular recordó que su formación lleva meses “preguntándole a Cavada si había solicitado el cambio de uso a Costas para el Parque de la Historia y el Mar para que así pasase de museo y acuario, a centro de negocios. Ahora nos damos cuenta de que no había realizado esa petición de cambio de uso a Costas. Dice la alcaldesa que ese cambio de uso de las instalaciones se lo dio a a la “administración competente, que es la Junta de Andalucía”, cuando sabe que esa competencia está coordinada con el Ministerio de Medioambiente, tal y como recoge el artículo 156 del Reglamento General de Costas. Y quien, al final, da el título de concesión es la Dirección General de Costas”. Por tanto, “si hay un cambio de uso, como sucede en este caso, debe ser autorizado por Costas”.
Desde el gobierno de PSOE y andalucistas lo que se ha hecho es “un expediente en fraude de Ley intentando saltarse los procedimientos. Se le pide autorización a la Junta de Andalucía y se sigue el procedimiento, hasta que el expediente llega a la Dirección General de Costas solicitándole que informe sobre el canon que hay que pagar por el nuevo uso”. Costas, lógicamente, no puede informar sobre un uso que no consta como el autorizado.
“Lo que ha pedido Patricia Cavada es un edificio para usos culturales, formativos, tecnológicos, promoción del medioambiente y, con calzador, ha metido ‘digital’, cuando la realidad es que lo que allí se pretende es un centro de industrias digitales”, apunta. Costas, ante esto, ha replicado que no es el uso que consta para aquel edificio en la concesión de ocupación del espacio incluido en el dominio público marítimo-terrestre, y ha instado al Ayuntamiento a iniciar el procedimiento para el cambio de uso. “Sólo ha sido eso. Y Cavada se lleva las manos a la cabeza porque la Administración debe cumplir la Ley, y se lamenta por ello afirmando que así se perjudica a la ciudad. Pues yo le digo que quien ha perjudicado gravemente a San Fernando ha sido la prepotencia con la que ha actuado”, subrayó Loaiza.
El líder del PP local le recordó a Cavada que “cualquier isleño si quiere cambiar un azulejo o una ventana de su casa tiene que pedirle licencia al Ayuntamiento. Pues bien, el gobierno de Cavada, para hacer un cambio de uso de lo que siempre ha sido y para lo que se pidió el dinero a Europa, y que era –lee textualmente- “una edificación de dos plantas que conforman un acuario, sala de exposiciones temporales y permanentes, sala de actividades interactiva, de proyección, zonas comunes y ascensores”, es decir, para un museo con acuario, con sus propias actividades. No era un centro de empresas de la agencia IDEA y el IMPI, que es lo que la alcaldesa ha pedido. Y ahora dice que Costas le tumba el proyecto. No. Es usted, señora Cavada, la que no ha hecho sus deberes, ha intentado saltarse la Ley y ha perjudicado a nuestra ciudad”.
José Loaiza apuntó que, tanto él como su partido, quieren “lo mejor para la ciudad, y que aquel espacio salga adelante, pero conforme a la Ley, sin saltársela como ha pretendido. Todos tenemos que trabajar para salvar este tema. En la decisión de Costas no hay interés político. Pero lo que no puede decir Cavada es que está “indignada” por el tratamiento que se le da desde Costas. Acaso ¿no está indignada por la situación de abandono del Centro de Salud de Camposoto, o por el cierre del CTI, del que fue cómplice?. O de que a nuestra ciudad la Junta de Andalucía le quitara el programa ORIENTA durante cuatro años, ¿no se indignó entonces?. ¿No está indignada porque la rehabilitación del Ayuntamiento la estemos pagando ‘a pulmón’ los isleños cuando la Junta se comprometió a abonar el 50 por ciento del coste?”.
De la misma forma inquirió el edil que, en algún momento, “habrá que dar cuenta a Europa del dinero invertido en construir un museo y un acuario, puesto que la subvención recibida tiene carácter finalista. ¿Van a sancionarnos por no darle a ese edificio el uso comprometido?¿Nos hará Europa devolver ese dinero? Es un tema muy peliagudo sobre el que la actitud de Patricia Cavada ha generado una gran inseguridad jurídica”.
Loaiza concluyó reclamando dos cosas, que Patricia Cavada “no vuelva a mentirle a los isleños”, y que no se salte los procedimientos administrativos “ya que ello perjudica seriamente a nuestra ciudad como demuestra que en tres años la alcaldesa socialista no hay conseguido sacar adelante ni un solo proyecto de futuro”.
