La Junta de Andalucía ha elevado el tono frente al Ministerio de Sanidad por la forma en la que se está tramitando la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha acusado a la ministra Mónica García de actuar sin la lealtad institucional que, a su juicio, requiere una reforma de esta magnitud.
Desde el Gobierno andaluz se considera que el planteamiento impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha respondido hasta ahora a los estándares mínimos de colaboración entre administraciones. Andalucía sostiene que el proceso se ha desarrollado de manera unilateral, con anuncios públicos previos y sin un verdadero marco de diálogo con las comunidades autónomas, que son las que gestionan de forma directa los servicios sanitarios.
❌Lamentamos que el Gobierno de #Sánchez use el #EstatutoMarco para confrontar.
— Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) January 13, 2026
Desde Andalucía defendemos mejorar las condiciones de todos los profesionales sanitarios, pero con diálogo real, lealtad institucional y rigor.
Basta ya de acuerdos parciales y de imposiciones a…
La polémica se ha concretado en una carta remitida por Antonio Sanz a la titular de Sanidad, en la que el consejero de salud de Andalucía defiende una mejora global de las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios y rechaza acuerdos parciales que, según denuncia, generan confrontación entre colectivos y trasladan a las autonomías las consecuencias de una negociación incompleta.
Críticas a la negociación unilateral del Estatuto Marco
En su escrito, Antonio Sanz ha sido especialmente crítico con la forma en la que el Ministerio ha abordado la negociación del nuevo Estatuto Marco. El consejero andaluz considera que no es razonable avanzar de manera unilateral ni cerrar preacuerdos parciales con determinados colectivos para, posteriormente, trasladar a las comunidades autónomas el impacto de decisiones que no han sido consensuadas.
Sanz ha subrayado que excluir a colectivos relevantes del proceso negociador, como el médico, y anunciar acuerdos sin un trabajo previo conjunto supone un déficit grave de lealtad institucional. A su entender, una reforma de esta envergadura exige un proceso inclusivo, riguroso y transparente, en el que estén representados todos los actores implicados y se tenga en cuenta la realidad organizativa de los servicios de salud autonómicos.
Desde Andalucía se insiste en que el Estatuto Marco no debe convertirse en un instrumento de confrontación, ni entre colectivos profesionales ni entre administraciones, y mucho menos en un elemento de tensión política dentro del propio Gobierno de España.
Defensa de todos los profesionales sanitarios
Uno de los ejes centrales de la posición andaluza es la defensa de una mejora homogénea de las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios, sin distinciones ni privilegios para unos colectivos frente a otros. Antonio Sanz ha dejado claro que la Junta respalda cualquier iniciativa que suponga avances reales para el conjunto del personal sanitario, pero rechaza que se negocien mejoras parciales que rompan el equilibrio interno del sistema.
En este sentido, el consejero ha advertido de que acuerdos fragmentados pueden generar agravios comparativos, tensiones laborales y un deterioro del clima profesional en los centros sanitarios. Andalucía considera que la cohesión del sistema pasa por reformas globales, bien fundamentadas y acordadas, no por medidas aisladas impulsadas desde el Ministerio sin el respaldo técnico necesario.
Sanz ha recalcado que la Junta mantiene una actitud constructiva y abierta al diálogo, pero siempre desde el respeto a las competencias autonómicas y a la corresponsabilidad que exige la gestión del Sistema Nacional de Salud.
Falta de memorias técnicas, jurídicas y económicas
Otro de los reproches más contundentes de la carta enviada a Mónica García es la ausencia de las memorias técnica, jurídica y económica que deberían acompañar cualquier propuesta de reforma del Estatuto Marco. Antonio Sanz ha recordado que estas memorias han sido solicitadas de manera reiterada por las comunidades autónomas sin que, hasta la fecha, hayan sido facilitadas.
El consejero ha rememorado que ya en un Consejo Interterritorial celebrado en julio del año pasado las comunidades propusieron retomar un trabajo técnico serio y ordenado, precisamente con el objetivo de contar con estos informes previos. Para Andalucía, resulta imposible valorar el alcance real de las medidas planteadas sin conocer su impacto económico, su encaje jurídico y sus implicaciones técnicas.
Sanz ha señalado que las comunidades están dispuestas a analizar todas las iniciativas que se presenten, siempre que vayan acompañadas de la documentación preceptiva y se articulen de forma coordinada con los ministerios de Sanidad, Hacienda y Función Pública, cuyas competencias se ven directamente afectadas por la reforma.
Impacto en la financiación y las competencias autonómicas
Desde la Junta se advierte de que cualquier modificación del Estatuto Marco tiene un impacto directo sobre la planificación de recursos humanos, la organización del trabajo en los servicios de salud y la financiación autonómica. Por ello, Antonio Sanz ha defendido la necesidad de un enfoque integral y corresponsable que tenga en cuenta las consecuencias reales de las decisiones adoptadas.
El consejero también ha mostrado su sorpresa ante el argumento de la ministra de Sanidad de que determinadas reivindicaciones del colectivo médico exceden el ámbito propio del Estatuto Marco. Sanz ha considerado incoherente esta posición, recordando que desde el propio Ministerio se han anunciado públicamente medidas que inciden de lleno en competencias autonómicas relacionadas con retribuciones, organización del trabajo y modelos de negociación colectiva.
A juicio de la Junta de Andalucía, no es razonable trasladar ahora a las comunidades la responsabilidad de resolver cuestiones que no han sido abordadas con el rigor necesario durante el proceso negociador impulsado por el Ministerio.
Llamamiento al diálogo y a la lealtad institucional
Antonio Sanz ha concluido su carta señalando que las comunidades autónomas no pueden asumir responsabilidades derivadas de decisiones adoptadas sin el consenso necesario ni de un proceso que ha generado incertidumbre y tensión en el conjunto del sistema sanitario. No obstante, ha reiterado la disposición de Andalucía a seguir trabajando desde el diálogo y la cooperación institucional.
El consejero ha defendido un marco de respeto mutuo entre administraciones, con transparencia, rigor técnico y una adecuada corresponsabilidad financiera, como condiciones imprescindibles para garantizar el correcto desarrollo de una reforma tan relevante como la del Estatuto Marco del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud.
