Un proyecto nacional que no contenta a nadie y mucho menos a la administración autonómica andaluza. De hecho, Andalucía ha estallado contra el Plan Estatal de Vivienda y se ofrece a aportar más fondos propios para poder hacer frente a este importante reto.
De esta manera, la Junta de Andalucía ha presentado 22 alegaciones al proyecto de Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y ha insistido en la necesidad de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana "escuche a las comunidades autónomas y dote de las herramientas necesarias para afrontar los retos actuales en materia de vivienda".
A este respecto, las referidas alegaciones proponen evitar líneas intervencionistas que invadan competencias autonómicas y un modelo de cofinanciación más flexible y equitativo. La titular de Fomento, Rocío Díaz, ha mostrado nuevamente la "predisposición de la Junta de Andalucía para la negociación y el diálogo", como ya trasladó a la Conferencia Sectorial de principios del mes de octubre. Al mismo tiempo, ha vuelto a lamentar que el Gobierno de España haya sometido a información pública "sin debate previo con las comunidades autónomas, que cofinancian el plan y son las competentes en materia de vivienda".
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Asimismo, el Gobierno andaluz incide en "la necesidad de que se diseñe un plan que ofrezca una oferta de vivienda protegida adecuada a la demanda, como apuntan los expertos y el propio sector y que está llevando a la práctica Andalucía". Las alegaciones trasladan que el plan es excesivamente intervencionista, con tal grado de concreción e imposición que priva de todo margen de desarrollo de una política propia a Andalucía.
Por otra parte, el Estado, se argumenta en el texto enviado al Ministerio, debe respetar las competencias autonómicas y su no cumplimiento podría incurrir en una posible vulneración de la doctrina del Tribunal Constitucional. Igualmente, se ha cuestionado el nuevo sistema de cofinanciación, que no sólo aumenta en porcentaje, sino que lo hace con criterios más rígidos que el de anteriores planes.
Es por ello que el Gobierno andaluz está dispuesto a aportar más fondos propios para hacer frente al reto de la vivienda, pero no sin consenso previo. En ese sentido, ha solicitado revertir el 40% de cofinanciación obligatoria y volver a un modelo flexible y complementario, acorde a la capacidad financiera de cada comunidad autónoma.
Finalmente, hay que añadir que la Consejería también ha pedido, al igual que se trasladó en Conferencia Sectorial, la inclusión de una cláusula transitoria que evite la paralización de programas que se llevan a cabo con el plan vigente. Además, ha planteado la inclusión de líneas de ayudas para la urbanización de suelos para poner en carga más parcelas para la promoción de vivienda protegida y que quede recogido de forma explícita la continuidad de las subvenciones para rehabilitación energética con cargo a los fondos europeos Next Generation.
