La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha expresado su deseo de aprobar con el "máximo consenso" la nueva ley de vivienda para Andalucía en la que ya trabaja su departamento, y de la que ha subrayado que no tendrá un carácter "intervencionista" como el que, a su juicio, sí caracteriza a la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, contra la que la Junta acordó el pasado mes de julio interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).
Así lo ha subrayado la consejera en el transcurso de un debate en comisión parlamentaria a propósito de dicho recurso de la Junta contra la ley estatal de vivienda, "sin duda una de las leyes más controvertidas y cuestionadas del Gobierno" de Pedro Sánchez, y cuya aprobación "ha levantado ampollas en el sector inmobiliario".
Hemos celebrado el primer Consejo de Dirección de @FomentoAND del nuevo curso político, donde hemos trazado las líneas de trabajo en materia de infraestructuras, movilidad, vivienda y logística.
— Rocío Díaz Jiménez (@Rocio_DiazJ) September 6, 2023
Seguimos trabajando por mejorar la vida de los andaluces. pic.twitter.com/jDqmbiDojj
La consejera ha reafirmado la opinión del Gobierno andaluz acerca de que la ley estatal "invade frontalmente las competencias exclusivas autonómicas previstas en el artículo 56 del Estatuto de Autonomía relativas a la vivienda, la ordenación del territorio y el urbanismo", y ha subrayado que "así lo ratificaron asimismo los servicios jurídicos" de la Junta.
Este es el primer avance sobre la nueva ley de vivienda que prepara la Junta de Andalucía
De esta manera, ha recordado que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto finalmente por la Junta con fecha del pasado 11 de agosto plantea la impugnación de 16 artículos y cuatro disposiciones de la normativa estatal, desde la premisa de que "el Estado no puede legislar, ni siquiera de forma supletoria, en materia de vivienda, tal y como se ha pronunciado de manera reiterada el Tribunal Constitucional".
La consejera ha repasado en su comparecencia los puntos de la ley contra los que se dirige el recurso de la Junta, y ha defendido que la "prueba inequívoca" de que el Gobierno "excede" con su norma "el poder legislativo que le confiere la Constitución es que cinco comunidades autónomas han anunciado que recurrirán la normativa ante el Tribunal Constitucional"; en concreto, Cataluña, Madrid, Andalucía, País Vasco y Baleares, según ha enumerado.
Al respecto, Rocío Díaz ha llamado la atención acerca de que en dos de dichas comunidades --Cataluña y País Vasco-- gobiernan partidos "socios" de Pedro Sánchez, así como sobre la "contradicción" y la "incongruencia" de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que ha votado a favor del recurso de la Generalitat contra dicha ley cuando "hace unos meses fue uno de los partidos que dieron su aval explícito a esta norma en el Congreso de los Diputados".
Les estatal plagada de errores
La consejera ha sostenido que la nueva ley estatal está "plagada de graves errores jurídicos que perjudican seriamente al mercado inmobiliario", y frente a las "medidas intervencionistas" por las que, en su opinión, apuesta el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno de la Junta no cree que haya que "regular los precios de los alquileres", porque "eso terminará estrangulando la oferta y elevando aún más los precios".
En esa línea, ha reivindicado que la Junta está aplicando en Andalucía una "receta" que "favorece el acceso a los andaluces a una vivienda digna y que pasa por incrementar la oferta de vivienda pública en alquiler o en venta a precio asequible a través de los planes de vivienda y con la colaboración público-privada".
"Mediante esta apuesta hemos impulsado la construcción de 4.000 nuevas viviendas públicas en alquiler asequible y en venta tras más de una década sin acción de la Junta en este sentido, y estamos preparando una nueva convocatoria de ayudas para promotores para 1.700 viviendas", ha manifestado la consejera.
La reacción del PSOE
Por otra parte, en el turno de intervenciones de los grupos, la diputada del PSOE-A Isabel Ambrosio ha considerado que el recurso de inconstitucionalidad de la Junta "era una decisión muy previsible", porque es "santo y seña" del Gobierno de Juanma Moreno "buscar el elemento de la confrontación" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El parlamentario de Vox Alejandro Hernández ha confirmado que su grupo coincide "en muchas cosas" con la Junta en relación a este asunto, y ha subrayado que su partido ya ha venido advirtiendo de que la ley estatal "protege a los 'okupas' en lugar de proteger a los legítimos propietarios"..
Finalmente, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha cuestionado la "deplorable" política de vivienda del Ejecutivo de Juanma Moreno y ha considerado que el Gobierno andaluz no debería ser como "el perro del hortelano".
