La comunidad andaluza vuelve a marcar el camino en España. Las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO y la Junta de Andalucía han alcanzado un preacuerdo, que será ratificado este viernes en la Mesa General de Negociación Común, para la mejora del empleo público y la prestación de servicios "de calidad" en desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía. Entre las mejoras, las condiciones laborales y salariales de más de 65.000 trabajadores del sector público andaluz entre personal funcionario, laboral, justicia y el conjunto del personal que trabaja en el sector público instrumental.
De esta manera, el preacuerdo tiene un alcance económico de 250 millones de euros y sienta las bases de un acuerdo con un horizonte temporal de cinco años, que consolida los procesos de modernización y mejora del sector público andaluz y que se estructura en cuatro ejes.
Asimismo, este "avance" ha sido posible "gracias a la presión sindical ejercida" por las tres organizaciones en las últimas semanas tras el anuncio de movilizaciones por la "paralización" del proceso y la falta de informe económico favorable sobre las cuantías negociadas "durante meses", han apuntado los tres sindicatos.
Acuerdo histórico en Andalucía
El consejero de Justicia, Función Local y Administración Local de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha agradecido a las partes la negociación "discreta y leal" y el "compromiso e implicación" en la modernización de la Administración. Nieto ha calificado el acuerdo de "histórico" por cuanto supone un "salto de calidad".
El mencionado convenio preliminar supondrá una "transformación" de la Administración autonómica mediante la simplificación de procedimientos y la digitalización de servicios, al mismo tiempo que tiene como pilar fundamental la mejora del empleo público, "condición indispensable para ofrecer una atención de calidad a la ciudadanía". En este sentido, se establece un modelo basado en el mérito, la evaluación del desempeño, la formación continua y la estabilidad, a la par que una mejora de las condiciones laborales y salariales de las empleadas y empleados públicos afectados por el ámbito de aplicación de este preacuerdo.
Por otra parte, el impulso de la promoción profesional mediante la reorganización estratégica de ciertos puestos de trabajo, a través de una gestión planificada de vacantes, es otro de los puntos que se establecen en el preacuerdo. Con esta medida se pretende una anticipación a las necesidades "futuras y reales" de la Administración, la optimización de los recursos humanos disponibles y la "corrección de los desequilibrios funcionales y territoriales existentes".
Finalmente, otra de las acciones consensuadas será impulsar el desarrollo normativo necesario para regular la cobertura de puestos de responsabilidad en la Administración General. Se establecerán criterios "claros" de selección y evaluación avanzando hacia procedimientos "objetivos y transparentes", potenciando el sistema de concurso específicos sobre los puestos de libre designación. El pacto incluye una reconfiguración organizativa para contar con estructuras "ágiles y eficientes", con modelos "multidisciplinares y adaptativos" mediante la gestión por proyectos, la optimización de recursos, la eliminación de duplicidades y la consolidación de servicios comunes.
