Catalina García, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha confirmado la constitución de un Observatorio de Agresiones, constituido por expertos, para "proponer medidas factibles, acordes y pertinentes contra las agresiones, así como para servir de instrumento de coordinación entre los distintos protocolos de agresiones y medidas que se vayan adoptando".
García ha hecho este anuncio tras presidir, tras dos años de su entrada en vigor, la reunión de seguimiento y evaluación del grupo de trabajo que elaboró el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del SSPA (Servicio Sanitario Público de Andalucía), como prevé el propio plan y del que forman parte;
- Los agentes sociales
- Asociaciones de pacientes
- Letrados de la Administración andaluza
- La Asociación de Letrados de la Administración Sanitaria de Andalucía
- La Asociación Andaluza de Derecho Sanitario y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
- Miembros de la Consejería de Salud y Consumo y el Servicio Andaluz de Salud
Este Observatorio "evaluará los datos recabados por el Plan y elevará propuestas a las distintas mesas de trabajo, para, entre todos, frenar las agresiones a nuestros sanitarios". Además, ha añadido, este órgano "servirá de conexión con otros observatorios ya implantados en otras comunidades autónomas".
Observatorio para proteger a los sanitarios en Andalucía
Asimismo, se está trabajando también en el establecimiento de un régimen sancionador de agresiones a partir de la modificación de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. Así, ha explicado García, "se establecerá un régimen sancionador para los usuarios del SSPA que cometan una agresión con sanciones económicas proporcionadas al daño causado". García ha explicado que "otras comunidades autónomas, como Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, ya tienen estipuladas estas sanciones".
La consejera ha explicado que el Plan contempla nuevas medidas para "seguir avanzando en la prevención y protección de los trabajadores del SAS y combatir así la violencia que sufren". Entre estas medidas, ha citado: equilibrar los derechos y deberes de los ciudadanos; realizar una campaña de concienciación dirigida a la población destacando la labor del profesional.
La titular del ramo ha incidido en que estas medidas vienen a "reforzar" las que ya se han ido adoptando, a propuesta de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, en los dos años de vigencia del Plan. Si bien, ha puntualizado, "muchas de estas medidas, que siguen vigentes, necesitamos seguir implementándolas y reforzándolas".
Colaboración de Policía Nacional y Guardia Civil
En este sentido, García se ha referido a la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, particularmente de la Guardia Civil, Policía Local y la Policía Nacional, para que, "tras conocer la incidencia real de agresiones y denuncias realizadas en cada centro, desarrollar las acciones concretas encaminadas a su prevención y disminución, prestando especial atención a las cometidas por personas reincidentes".
Actualmente, ha recordado la consejera, los centros sanitarios andaluces cuentan con más de 45.000 elementos de seguridad de distinto tipo, entre los que destacan: 3.973 cámaras de seguridad, 5.489 timbres en consulta, 1.142 consultas comunicadas con interfonos, 14.396 teléfonos en consultas, 3.744 salidas alternativas o 14.425 terminales en puestos de trabajo en consultas con el software antipánico instalado.
Reunión de seguimiento y evaluación del grupo de trabajo que elaboró el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del sistema sanitario. #Andalucía crea un Observatorio de las Agresiones para optimizar la protección de los sanitarios. pic.twitter.com/uX45Pg7wEI
— Catalina García (@LinaGarcia_AND) March 7, 2023
En cuanto a la asesoría jurídica de los profesionales que deciden denunciar, ha señalado García, hasta octubre de 2022, los letrados del SAS han realizado un total de 215 asistencias. Además, se han logrado 53 sentencias condenatorias y la tipificación en 45 casos de delitos de atentado.
