Un nuevo respaldo al diálogo social. El Pleno del Parlamento ha aprobado con los votos a favor de los grupos del PP-A y PSOE-A, la proposición de Ley de participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Andalucía impulsada por el Grupo Popular.
La referida ley busca "potenciar los mecanismos de concertación social a través de reconocer el papel de los agentes sociales y económicos más representativos de Andalucía y garantizando que puedan realizar eficazmente su labor en todos los ámbitos e instancias de participación institucional existentes o que se constituyan en el futuro y, en su caso, alcanzar nuevos acuerdos de concertación social".
Elevamos el diálogo social al mayor rango posible. La aprobación de la Ley de Participación Institucional es un gran paso adelante que beneficiará al conjunto de los andaluces, fruto del consenso con los agentes sociales.
— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 18, 2024
Compromiso cumplido.#LaVíaAndaluza da resultado. pic.twitter.com/2Xc02NtXam
A este respecto conviene indicar que la iniciativa contaba con el visto bueno del Gobierno andaluz, desde donde entienden que, "con su aprobación, Andalucía se sitúa en el grupo de comunidades que han regulado por ley la participación institucional de los agentes sociales, y con ello se garantiza el ejercicio de las funciones que la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía reconocen a estas organizaciones en ámbitos como intereses laborales, económicos y sociales que corresponden a trabajadores y empresarios".
Nueva ley de participación institucional en Andalucía
El Gobierno andaluz ha defendido que esta ley ratifica su compromiso con el "diálogo y la participación social, consciente de que la concertación social es una poderosa, justa y eficiente vía para alcanzar el desarrollo de los intereses sociales y económicos de Andalucía", además de considerarlo "un instrumento de buena gobernanza y de calidad institucional".
En defensa de esta iniciativa ha intervenido la diputada del PP-A Jessica Trujillo, que ha manifestado que, con esta ley, "cumplimos con una deuda histórica que mantenía la Junta de Andalucía con las organizaciones sindicales y patronales, y también con nuestro propio ordenamiento jurídico", así como "cumplimos" con acuerdos de concertación social suscritos por el Gobierno andaluz desde el año 2009.
En representación del Grupo Socialista, la parlamentaria Irene García ha defendido que con esta iniciativa "se consolida un trabajo" que espera que dé "buenas muestras", y ha explicado que el PSOE-A partió para abordar esta ley de "una voluntad de acuerdo fruto del valor fundamental" que su grupo parlamentario "le da a la concertación y el diálogo social".
Finalmente, ha sostenido también que esta "no es una ley caprichosa, no es un regalo ni una prebenda", sino "un mandato del Estatuto de Autonomía", así como ha aseverado que "el diálogo social debe ser la norma, no la excepción", y desde el Grupo Socialista "no vamos a consentir que se utilice el diálogo social y la concertación social en nuestra tierra como una mera conveniencia, que se utilice a las organizaciones para réditos políticos".
