Nuevo capítulo del permanente enfrentamiento entre Gobierno de España y Junta de Andalucía, En esta ocasión, el Consejo de Gobierno andaluz ha acordado en su reunión de este miércoles, 11 de junio, autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, que acuerda el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas, al entender que se ha producido con él por parte del Gobierno central una "invasión de competencias".
La encargada de confirmarlo ha sido la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo andaluz, en la que ha anunciado dicho recurso contra el Decreto-ley 2/2025 por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
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— Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) June 11, 2025
La portavoz y consejera de @EconoHaciendAND, @CarolinaEspanaR, y el consejero de @JusticiaJunta, @ja_nietob, comparecen en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.
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La portavoz de la Junta ha criticado que el Gobierno decidió dicho reparto de menores "sin diálogo y sin negociación" con las comunidades autónomas, que "al final somos las verdaderamente afectadas". La consejera ha señalado que "Andalucía es una tierra solidaria, de acogida, pero no podemos hacernos cargo de los menores a capricho del Gobierno y, sobre todo, sin los medios económicos necesarios para atender a esos menores como verdaderamente merecen".
Atención digna y de calidad a los menores
Según se subraya en la referencia del Consejo de Gobierno, el objetivo de Andalucía es "garantizar una atención digna y de calidad a los menores, tanto a los que se van a trasladar como a los que ya forman parte del sistema de protección andaluz y evitar que se vean afectados por decisiones impuestas que no van acompañadas de recursos".
La administración autonómica especifica que la norma estatal modifica la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España e introduce una nueva regulación de la situación de los menores extranjeros no acompañados, su posible traslado entre las comunidades autónomas y los mecanismos de actuación ante situaciones migratorias excepcionales.
Asimismo, el Gobierno andaluz "pone en tela de juicio" la situación de "extraordinaria y urgente necesidad" que justifica la aprobación de este real decreto. Así, asevera que, "si bien la crisis migratoria ha estado presente durante más de un año, ya existen mecanismos legales previos, como el Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias para la Infancia y Adolescencia no acompañada aprobado en 2022", por lo que entiende que "no se justifica adecuadamente la urgencia de modificar la Ley Orgánica 4/2000".
Por otra parte, la Junta de Andalucía considera también que el texto aprobado "extralimita las competencias estatales e invade las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores, y vulnera los principios de autonomía y solidaridad entre las regiones al imponer criterios de reparto no equitativos".
