De esta manera, la mandataria andaluza ha puesto de relieve los datos oficiales que avalan la solvencia y mejora de las cuentas andaluzas desde 2019 con el Gobierno de Juanma Moreno. Así, Andalucía se sitúa ahora entre las cinco comunidades con menor deuda por habitante (4.801 euros), muy por debajo de la media nacional (7.050 euros) y a menos de la mitad de la cifra que soporta Cataluña (más de 11.320 euros).
El peso de la deuda andaluza sobre el PIB es del 19%, dos puntos por debajo de la media nacional. De la misma manera, en los últimos siete años Andalucía ha reducido en casi dos puntos este indicador, "y hemos cumplido año tras año con los objetivos de estabilidad presupuestaria". A ello se suma que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sitúa a Andalucía entre las comunidades con mejor perfil de sostenibilidad.
Andalucía logra reducir su deuda
Asimismo, la solidez de las cuentas andaluzas, ha señalado la responsable andaluza, ha sido reconocida por las principales agencias de calificación crediticia. De hecho, Moody's ha elevado recientemente dos escalones la nota de Andalucía, situándola en A3, el mismo nivel que España, lo que certifica la calidad crediticia y el bajo riesgo de impago.
Andalucía cumple y da resultados, tiene una gestión rigurosa y ha domado su deuda para que, a pesar de su infrafinanciación, no se convierta en una losa. A juicio de la administración autonómica no es un problema de deuda, lo que tiene es un problema de un sistema de financiación autonómica injusto que nos priva cada año de 1.528 millones de euros.
A juicio de España, Andalucía no puede aceptar "una condonación que premia a quienes han gestionado mal y penaliza a las comunidades que han hecho los deberes". En este sentido, ha recalcado que la medida anunciada "no supone más recursos, no permite más gasto y no corrige la infrafinanciación".
Finalmente, la responsable andaluza de Economía ha recordado que tanto la AIReF como FEDEA han advertido de los riesgos que implica la condonación parcial de deuda "sin condiciones, al generar incentivos perversos, comprometer la disciplina fiscal y no garantizar mejoras reales en los servicios públicos". En el caso de Andalucía, ha dicho, la condonación anunciada solo supondría un ahorro de 140 millones anuales en intereses, sin que esos recursos pudieran destinarse a reforzar sanidad, educación o dependencia, ya que no computan en la regla de gasto.
