El parlamentario onubense de Ciudadanos y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha considerado que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para movilizar los remanentes acumulados por las entidades locales merced a la Ley 2012 de Estabilidad Presupuestaria, un acuerdo de adhesión voluntaria por parte de los municipios, constituye "un ataque sin precedentes a la autonomía de los ayuntamientos".
El acuerdo, de adhesión voluntaria por parte de ayuntamientos y diputaciones, propone que tales entidades cedan sus remanentes de tesorería a la Administración General del Estado a modo de préstamo. Tras ello se les realizará "un ingreso no financiero por un importe que se determinará con arreglo a un criterio proporcional en función de los recursos comprometidos por cada entidad".
"Este importe supone para cada entidad local, como mínimo, el 35% de los fondos aportados al préstamo. Se incrementará hasta totalizar un importe de 5.000 millones de euros entre todas las entidades participantes, siempre que los compromisos hayan alcanzado dicha cantidad", especifica el texto.
Precisa que este ingreso no financiero será transferido entre 2020 y 2022 a las entidades locales participantes. De otro lado, en diez años a contar desde 2022 se les devolverá la cuantía completa cedida como préstamo a la Administración General del Estado. La mismas se compromete a otros aspectos como dedicar 275 millones a compensar el déficit de los transportes colectivos municipales o no exigir el cumplimiento de la regla de gasto en 2020.
Los socialistas esgrimen la necesidad de "desbloquear" los remanentes acumulados por las restricciones de la Ley de 2012 de Estabilidad Presupuestaria. Julio Díaz advierte que mediante el mismo, se articula que "los ayuntamientos y diputaciones cedan su remanente general a cambio de un fondo equivalente al 35% de ese superávit, un asalto a las cajas de nuestros pueblos y ciudades", en el caso de las entidades locales que accedan a sumarse a este mecanismo.
CS atisba una "confiscación"
Díaz ha asegurado que María Jesús Montero, "acaba de confiscar 28.000 millones de euros del ahorro de todos los españoles a nuestros pueblos y ciudades". Se tratan de unos 798 millones de euros de los 2.280 de superávit de los ayuntamientos y diputaciones andaluces.
Según Díaz, los ayuntamientos "han logrado sanear sus cuentas y pagado a sus proveedores". Dice que toda vez que los mismos fueron sometidos en su momento a los rigores de la citada Ley de 2012 y al mecanismo estatal de pago a proveedores, que habilitaba préstamos bancarios para las administraciones al objeto de que saldasen facturas pendientes, a cambio de sacrificios en materia de gastos corrientes e inversiones mediante los conocidos planes de ajuste; y ahora, "querían gastar responsablemente" sus remanentes acumulados para "reactivar la economía y el empleo" mediante inversiones.
Susana Díaz "calla"
El parlamentario andaluz ha criticado que el "silencio" de Susana Díaz, secretaria general del PSOE-A. "Calla ante la infrafinanciación autonómica con la que el Gobierno de Sánchez e Iglesias castiga a los andaluces. Y ante la desigualdad en el reparto de los fondos europeos perpetrado por Montero. Los socialistas saben que no nos van a llegar en igualdad con otros territorios de España. No se van a utilizar criterios objetivos como el volumen de población, PIB per cápita y tasa de desempleo"; y ante "esta tropelía, este asalto a la autonomía local en Andalucía".
