La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la Sala de lo Penal de dicha instancia que confirme las condenas de la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. Esta corresponde al juicio por el procedimiento específico a través del cual la Junta de Andalucía financiaba sus subvenciones autonómicas.
El objetivo eran las prejubilaciones de expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos. Así como ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.
Se trata de una resolución que condena a 19 de los 21 exaltos cargos socialistas juzgados. Entre ellos se encuentran los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La Fiscalía ha presentado a la Sala de lo Penal un informe en el que solicita que confirme la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. De esta forma, mantiene la misma posición jurídica que sostuvo la Fiscalía de Sevilla en el procedimiento judicial. Así han confirmado a El Mira fuentes de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Las condenas a los expresidentes de la Junta de Andalucía
La mencionada sentencia de la Audiencia de Sevilla, de 1.821 folios, condena al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel. Además de 15 años y dos días de inhabilitación especial por malversación y prevaricación continuadas.
Mientras, su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, es condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación.
Por su parte, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández era condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión. Así como inhabilitación absoluta por 19 años, 6 meses y un día. Se debe a un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación.
Los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) resultaban condenados cada uno de ellos a 7 años y un día de prisión. Además de inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día. Ambos casos son por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.
La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo fue condenada a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta. En su caso, también por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.
Asimismo, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez eran condenados a nueve años de inhabilitación especial. Esta vez por un delito continuado de prevaricación en ambos casos.
Respecto a los exdirectores generales de la Junta
El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero era condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel. Sin embargo, falleció en octubre de 2020 a causa de una neumonía, Además también fue inhabilitado durante 19 años, seis meses y un día. Se trató de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.
Juan Márquez, también exdirector general de Trabajo y sucesor de Guerrero, era condenado a 7 años y un día de prisión. Esto sumado a 18 años y un día de inhabilitación absoluta por los mismos supuestos.
Mientras, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá resultaba condenado a siete años y un día de prisión. Así como a 18 años y un día de inhabilitación absoluta, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.
De igual modo, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez era condenado a seis años y dos días de prisión. Así como a 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación.
Además, en paralelo, el ex director general de Economía y Hacienda José Salgueiro y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano eran condenados cada uno de ellos a 9 años de inhabilitación especial. Se debe a un delito continuado de prevaricación en ambos casos.
Sólo dos son plenamente absueltos
También fue condenado el ex director general de IFA/IDEA, Miguel Ángel Serrano, a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión. A esta pena se le añade una inhabilitación absoluta, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.
Cabe destacar que sólo dos de los 21 acusados fueron absueltos totalmente. En concreto, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.
Tras la notificación de aquella sentencia, la misma está pendiente de los recursos de casación interpuestos contra ella ante el Tribunal Supremo. De este modo, es Gaspar Zarrías el primero de los acusados en formalizar su recurso.
La citada sentencia parte de la idea de que los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves eran "plenamente consciente de la palmaria y patente ilegalidad de los actos" en los que participaron.
De esta forma, el recurso de casación de Griñán, recogido por El Mira, sostiene que "todas las actuaciones culminaron siempre con la aprobación de la Ley por el Parlamento". También agrega que los hechos considerados como probados "no relatan que tales actuaciones contravengan ninguna norma".
Uso inadecuado de las transferencias
Por el contrario, "dan curso a lo presupuestado por la Consejería de Empleo en un programa, el 31L". "Haciendo un 'uso inadecuado' de las transferencias de financiación que posibilitan incumplimientos e irregularidades en la gestión de esos fondos".
A tal efecto, la defensa de Griñán sostiene que "no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos".
La defensa de Chaves, de su lado, esgrimía en su recurso de casación que el aludido "en su condición de presidente de la Junta de Andalucía, se limitó a participar en la formalización de la aprobación por parte del consejo de gobierno que él presidía de unas modificaciones presupuestarias que habían seguido todos los trámites legalmente exigibles".
Por su parte, avisando de que "lo que el tribunal presenta como tal prueba de cargo no es más que un compendio de prejuicios, juicios de valor, elucubraciones, sospechas y presunciones contra reo".
