Griñán, ex-presidente del PSOE y la Junta, condenado a seis años de cárcel

El ex-presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chavés, ha sido inhabilitado durante 9 años para ejercer función pública

El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación en la conocida como 'pieza política' de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE), mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación.

Griñán llegando a recoger la sentencia

La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre el procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales ha señalado este martes que los ex presidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, eran en cada uno de los casos "plenamente consciente de la palmaria y patente ilegalidad de los actos" en que participaron.

La Audiencia de Sevilla ha condenado este martes a José Antonio Griñán por un delito continuado de prevaricación a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y en concurso medial con un delito continuado de malversación, a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años. En el caso de Manuel Chaves su condena es de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.

En el caso de Griñán apunta el fallo que "la presupuestación de gastos ficticios", en referencia a la inclusión en el Presupuesto de IFA-IDEA de gastos que no eran suyos sino de la Consejería de Empleo, "evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo, pues de lo contrario, no hubiese sido necesario presupuestar los citados gastos ficticios".

Por otra parte, en el caso de Chaves señala la Audiencia de Sevilla que "como presidente del Consejo de Gobierno aprobó las modificaciones presupuestarias que afectaron al programa 31L, que por su cuantía eran competencia del Consejo de Gobierno, hasta su cese en abril del año 2009", así como le ha atribuido que como presidente del Consejo de Gobierno "participó en la aprobación del anteproyecto de Presupuestos y envió el proyecto al Parlamento", circunstancia que le lleva a concluir que "conociendo que dentro del programa 31L se consignaba indebidamente la transferencia de financiación al IFA, concepto 440.51 en materia de relaciones laborales".

PRISIÓN PARA LOS EXCONSEJEROS VIERA, FERNÁNDEZ, VALLEJO Y AGUAYO

Por su parte, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día, mientras que los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) han sido condenados a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día. La Fiscalía Anticorrupción pedía para los tres ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha sido condenada a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

El exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez han sido condenados a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción les pedía diez años de inhabilitación por prevaricación.

El exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta. Juan Márquez, también exdirector general de Trabajo, ha sido condenado a 7 años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta. La Fiscalía Anticorrupción les pedía ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

SÓLO DOS DE LOS 21 ACUSADOS TOTALMENTE ABSUELTOS

Sólo dos de los 21 acusados han sido absueltos totalmente por la Audiencia Provincial de Sevilla, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.

Los exsecretarios generales técnicos de Empleo Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado y Lourdes Medina y el

exdirector de la agencia IFA-IDEA, Jacinto Cañete, sólo han sido condenado por prevaricación y no por malversación, por lo que no irán a prisión como pedía la Fiscalía y sólo reciben condenas de inhabilitación.

En concreto estos ex altos cargos la Fiscalía fueron acusados de defraudar 855 millones de euros tras la creación de un sistema de ayudas públicas "totalmente opaco" al margen "de los ciudadanos" y de los controles establecidos por la Intervención General, un importe en principio destinado a la reactivación de empresas en crisis y ayudar a los trabajadores.

Fueron acusados por un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. Si bien, algunos de ellos sólo han sido enjuiciados por prevaricación, como Manuel Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exviceconsejero José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, y se enfrentan a diez años de inhabilitación.

Todo comenzó el 19 de enero de 2011 cuando la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, comenzó a investigar este caso, cuya sentencia marcará el recorrido cuando se sometan a enjuiciamiento las cerca de 200 piezas separadas, una por cada ayuda con cargo al denominado 'fondo de reptiles', de la que se desgajó la causa principal tras la partida de Alaya a la Audiencia y la llegada de la juez María Núñez Bolaños.

Cabe recordar que la instrucción la finalizó en 2016 el juez de refuerzo Álvaro Martín, quien elevó las actuaciones a la Audiencia de Sevilla después de que el caso llegara al Supremo, cuyo magistrado Alberto Jorge Barreiro, instruyó el procedimiento contra los investigados que gozaban de aforamiento al ser diputados en las Cortes, como es el caso de Chaves, Griñán, Zarrías y Viera, no obstante la renuncia a sus escaños motivó que las actuaciones volvieran al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Todo ello después de que Barreiro dictara un auto en junio de 2015 en el que concluyó que los expresidentes de la Junta deberían ser juzgados por prevaricación descartando la malversación.

De hecho, en abril de 2015, el ya expresidente de la Junta de Andalucía y entonces senador socialista, José Antonio Griñán, manifestó al término de su declaración en el Tribunal Supremo por los ERE irregulares en Andalucía aquella famosa declaración que no hubo "un gran plan (para defraudar) pero sí hubo un gran fraude" y eso significa que "alguno de los controles pudo fallar".

Durante el juicio, tras la declaración de los 22 acusados --concluyeron en abril--, expusieron su testimonio más de 120 testigos, cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y nueve peritos a lo largo de las 152 sesiones desarrolladas en la vista oral.

A su término, tras concluir el informe final del ex director general de Presupuesto Antonio Lozano, el tribunal abrió el turno de derecho a última palabra de los 21 ex altos cargos encausados, que se limitaron a dar las gracias a la Sala, a excepción de los dos expresidentes.

Así, Chaves afirmó que no tenía "nada que añadir, salvo expresar el reconocimiento a la labor del tribunal y que las intervenciones de la Fiscalía y los abogados de las defensas", indicando además que había sido "un cúmulo de conocimiento e información, una experiencia vital", mientras que Griñán mostró su "pleno convencimiento y apoyo" a lo dicho por su letrado en agradecimiento al tribunal por su actuación y apoyo a la Sala.