Giro de guion en una cuestión trascendental en el saque sufrido en los últimos años por la comunidad. La Junta de Andalucía ha solicitado su personación en el procedimiento abierto en la Audiencia Provincial de Sevilla para "apoyar la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las sentencias del Tribunal Constitucional" (TC) que estimaron parcialmente recursos de amparo de ex altos cargos de la anterior administración socialista condenados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
La confirmación ha llegado por parte del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (PP-A), quien ha informado de que, en su condición de dicho cargo del Gobierno andaluz, ha dado "orden" de que la Junta se persone "en esta causa a través del Gabinete Jurídico" del Gobierno autonómico "para proteger y defender el interés de los andaluces".
La @AndaluciaJunta solicita estar de nuevo personada en el caso ERE para intentar recuperar los 700M€ defraudados.
— Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) May 12, 2025
Apoyamos que la Audiencia de Sevilla acuda a la justicia de EU para aclarar si el Tribual Constitucional se excedió en sus funciones.
Esto no puede quedar impune. pic.twitter.com/ShoKm4QvWN
El máximo mandatario andaluz ha defendido esta solicitud de que la Junta se persone de nuevo en el 'caso ERE' "para intentar recuperar el dinero defraudado, casi 700 millones de euros, de todos los andaluces en el mayor caso de corrupción de la historia política de España".
Caso de los ERE en Andalucía
Es por ello que la administración autonómica "va a apoyar que la Audiencia de Sevilla acuda a la Justicia de la Unión Europea para que diga si el Tribunal Constitucional se ha excedido en sus funciones". Fuentes del Gobierno andaluz han precisado que la Junta "comparecerá en el trámite de alegaciones a favor de elevar una cuestión prejudicial y presentará un escrito argumentando la oportunidad de plantear dicha cuestión ante el Alto Tribunal europeo".
El propio Sanz ha remarcado que en el Gobierno andaluz creen que "las sentencias del Tribunal Constitucional pueden provocar la impunidad parcial del mayor caso de corrupción política de España, impidiendo con ello que la Junta de Andalucía pueda recuperar la mayor cantidad posible del dinero defraudado de los ERE".
Desde la administración autonómica creen que la doctrina que establece el Constitucional en sus diez sentencias del año 2024 sobre el 'caso ERE' "puede generar un escenario de impunidad parcial, no sólo penal sino también civil y patrimonial", que "impediría reparar el daño causado a los intereses de la comunidad autónoma de Andalucía".
Una obligación de la Junta de Andalucía
"Por eso, creemos desde la Junta de Andalucía, como perjudicada" en un caso del que "todos los andaluces" son "víctimas", que "hemos de ser oídos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", ha añadido Antonio Sanz, que ha recordado que, en la etapa de presidencia socialista de Susana Díaz, la Junta, en el año 2016, "retiró su acusación del caso de los ERE", pero ahora "tiene un interés legítimo, clarísimo, para volver a la causa" y "para poder recuperar el dinero de todos los andaluces defraudados".
"Es una obligación que tenemos de recuperar el dinero y que así la marca el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en su artículo 325", según ha aseverado Antonio Sanz, que ha puesto de relieve, además, que la Junta "reclamó en el Tribunal de Cuentas la responsabilidad contable derivada de las condenas impuestas, lo que refuerza aún más nuestro interés legítimo para personarnos".
Desde el Gobierno autonómico confían "en que se nos acepte esa personación, y que los andaluces vuelvan a sentirse orgullosos de saber que su gobierno, que la Junta de Andalucía, está haciendo todo lo posible para intentar recuperar un dinero que debió servir para luchar contra el paro, y que se dio para otros fines muy distintos".
Recuperar el dinero para Andalucía
En este sentido ha especificado que "el Consejo de Gobierno acordó en el año 2019 hacer todo lo posible por recuperar estos fondos" e "instó a la Consejería de Presidencia a defender el interés de Andalucía donde hubiera que ir", así como ha argumentado que "la Ley Orgánica del Derecho de Defensa nos ampara en nuestra decisión, y el Derecho europeo nos obliga a perseguir la corrupción con todos los medios a nuestro alcance".
"Procede, en ese sentido, reaccionar a lo que significa el acuerdo de noviembre del 2019 en la que se instaba a la persona titular de la Consejería de Presidencia a impulsar todas las medidas necesarias para el inicio de los procedimientos a que hubiera lugar para esa exigencia", que "es lo que estamos haciendo con esta decisión y la orden que hoy (este lunes) he remitido al Gabinete Jurídico para iniciar esa personación".
Finalmente, hay que añadir que el consejero ha querido dejar claro que la Junta ha emprendido en los últimos años, bajo la presidencia de Juanma Moreno, "todo tipo de actuaciones con el objetivo de recuperar esas cantidades defraudadas, desde el ejercicio de acciones civiles" como de "acciones penales", además de "procedimientos administrativos de reintegro" y su "denuncia ante el propio Tribunal de Cuentas".
