La Junta de Andalucía llevará al Gobierno de Pedro Sánchez a los tribunales

Denuncian desde el ejecutivo andaluz el impago de 537 millones de IVA y anuncian que se acogen al FLA "forzados" por Montero

El Gobierno andaluz ha tomado la decisión este jueves de llevar al Gobierno central a los tribunales por el impago de los 537 millones de euros por la liquidación del IVA correspondiente al año 2017 y, además, ha autorizado solicitar la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) por un importe de 5.317,15 millones de euros "forzados" por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al bloquear la salida de la comunidad a los mercados.

Así lo ha anunciado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en la que se ha decidido dar este paso, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, acompañado por el consejero de Hacienda, Juan Bravo, quien ha indicado que el asunto está ahora en manos de los Servicios Jurídicos de la Junta, que tendrán que determinar la vía judicial exacta.

Bendodo ha añadido que esta decisión se ha tomado después de que el Gobierno central haya cerrado con "un portazo" las llamadas al diálogo que ha hecho la Junta para tratar de resolver este asunto. Ha indicado que es "inaceptable" que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya llegado a decir que esos 537 millones "no existen y que han desaparecido".

Ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz no va a renunciar a ese dinero, que es de todos los andaluces, y que es necesario para la financiación de los servicios públicos esenciales.

Por su parte, el consejero de Hacienda ha explicado que la Junta podría haber continuado financiándose con su Plan Plurianual de Endeudamiento, manteniendo la salida progresiva a los mercados financieros y combinándola con el FLA, opción que "no ha sido admitida por el Ministerio de Hacienda".

Así, ha explicado que, aunque el Ministerio de Hacienda apuntó la posibilidad de que la Junta se financiase o bien por el FLA o bien por los mercados financieros, "en la práctica esta segunda opción es imposible" porque, finalmente, no ha dado certidumbre a Andalucía para poder salir a los mercados, ya que son necesarias las autorizaciones del Ejecutivo central y este "no se ha comprometido" a darlas en el primer trimestre.

"Esto dificulta el proceso y lo convierte en inviable", ha subrayado el consejero, quien ha detallado que salir a los mercados sin la autorización del Gobierno central "sería dejar a la Comunidad al borde" y él mismo sería un "inconsciente".

Esto ocurre una vez que, según ha explicado el consejero, el Gobierno autonómico ha constatado el interés de las principales entidades financieras por financiar a la Comunidad "en condiciones ventajosas".

Ante esta situación, Bravo ha indicado que la Junta ha decidido solicitar la adhesión al FLA por razones de responsabilidad pública y a fin de no poner en peligro el cumplimiento de los exigentes compromisos de pago a corto plazo adquiridos en el pasado y los objetivos de estabilidad presupuestaria tanto de la Comunidad autónoma como del resto del país.

En concreto, ha autorizado solicitar al FLA un importe de 5.317.15 millones de euros para atender, por un lado, los vencimientos de deuda pública correspondientes a 2020 y que se elevan a 5.093,85 millones y, por otro, para la financiación del pago aplazado de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 del sistema de financiación autonómica, que se sitúan en 223,3 millones de euros.

Andalucía solicitó el 30 de julio de 2019 la adhesión al Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas para atender en 2020 los pagos previstos por vencimientos de deuda pública, así como el endeudamiento para financiar la anualidad correspondiente del abono de las liquidaciones negativas del sistema de financiación.

Sin embargo, el pasado 10 de diciembre, se comunicó que la Comunidad no reunía los requisitos para adherirse al mismo, ni para combinar el FLA con la captación de recursos a través del mecado financiero, por lo que se requería al Gobierno andaluz la remisión de un nuevo anexo con la estimación de la totalidad de las necesidades de financiación del próximo ejercicio a efectos de aceptar la solicitud de adhesión de la Comunidad al FLA exclusivamente en 2020.

ENTREGAS A CUENTA

En cuanto a las entregas a cuenta, Bendodo se ha quejado del "castigo y el maltrato" a Andalucía con una disminución de más de 70 millones en la aportación de estas, mientras que "aumenta en Valencia, Baleares y Cataluña". En este sentido, ha criticado el criterio usado para esta situación y ha considerado "una tomadura de pelo y una broma" que sea por un criterio demográfico, lo que ha considerado "un cachondeo" y "una excusa".

"¿Hay que freír a impuestos a la gente para recibir más dinero del Gobierno? Que no cuenten con Andalucía que va a seguir bajando impuestos porque se crea más riqueza, se recauda más y se mejoran los servicios públicos", ha explicado.

A este respecto, el consejero de Hacienda ha criticado al Gobierno por aumentar las entregas a cuenta a nivel nacional en 205 millones, pero disminuir en 70 millones en Andalucía, cuando "en Andalucía ha crecido" la población.

Así, ha detallado que ya el pasado año la región recibió 50 millones menos, que junto a los 70 de este año, provoca que "Andalucía pierda 120 millones". Ante esta situación, aunque defienden un debate para reformar el modelo de financiación autonómica, ha llegado a trasladar su deseo de que, "al menos, la situación no se agrave".

De esta manera, ha anunciado que la Junta está estudiando la vía legal para reclamar los 50 millones correspondientes a las entregas a cuenta de 2018 más los págares pedidos por la Administración.

DÉFICIT

En cuanto al cumplimiento del objetivo de déficit del 0,1 por ciento en 2019, Bravo ha afirmado que "Andalucía habría cumplido con margen si el Gobierno hubiera cumplido en el pago del mes 13 del IVA". Esto, según ha explicado, se incluyó porque "fue la propia ministra del ramo la que animó a que así se hiciera".

Según ha explicado, el compromiso de la Junta ha sido el de cumplir el 0,1 por ciento de déficit en 2019, mientras que los 537 millones de euros del IVA supondrían alrededor del 0,3 por ciento del presupuesto.