Nuevo pasa para la necesaria transformación de la comunidad andaluza. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Montes de Andalucía (LEMA), cuya tramitación administrativa continuará a partir de ahora en el Parlamento por el procedimiento de urgencia, y que "prepara al sector forestal para los retos del siglo XXI, adaptando la normativa autonómica a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se han producido en las tres últimas décadas".
La previsión es que la ley pueda quedar aprobada en el Parlamento antes de que finalice la actual legislatura durante el próximo año 2026. Esta nueva Ley de Montes sustituirá a la vigente Ley Forestal de Andalucía de 1992, anterior incluso a la estatal de 2003, una diferencia temporal que "ha generado a lo largo de los años vacíos y duplicidades que era necesario corregir". La actualización responde también al mandato del Plan Forestal Andaluz 2030, que en su adecuación más reciente "subraya la urgencia de revisar en profundidad el marco normativo forestal andaluz".
El objetivo es "construir una legislación coherente, moderna y eficaz, que facilite la gestión sostenible de los montes y contribuya al desarrollo del medio rural", según sostiene la Junta, que a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha impulsado este texto tras un proceso participativo en el que han intervenido administraciones, entidades locales, asociaciones, colectivos profesionales y ciudadanía.
Ley de Montes en Andalucía
La futura Ley de Montes se estructura en siete títulos, con 144 artículos, además de disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. Su organización responde a un enfoque que "permite articular de manera coherente los diferentes ámbitos que integran la política forestal andaluza, reforzando su conexión con la normativa estatal y europea".
En el ámbito de la participación pública, se crea el Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad, que sustituye al anterior Consejo Andaluz de Biodiversidad, amplía sus funciones y "se adapta a las exigencias actuales de planificación, gestión y conservación".
La LEMA introduce la figura del monte protector para los terrenos privados, en consonancia con la legislación básica estatal. Este reconocimiento "permite incentivar la conservación de estos espacios mediante ayudas específicas y beneficios para sus titulares, fomentando una gestión más sostenible".
Gestión de montes públicos catalogados en Andalucía
En materia de información forestal, la norma incorpora por primera vez un título completo dedicado a la recopilación de datos, estadística y extensión forestal, y el texto aborda, igualmente, la recuperación del Fondo de Mejoras, una figura "crucial para la gestión de montes públicos catalogados", que se regula en la nueva ley dentro del marco legislativo básico.
La futura ley, además, "reconoce el papel fundamental de las ciencias forestales como base del conocimiento y de la gestión sostenible", así como con ella "se promueve la investigación, la experimentación y la transferencia tecnológica", incorporando el uso de nuevas técnicas vinculadas a la digitalización y la inteligencia artificial en la conservación y administración de los montes.
Finalmente, hay que añadir que en esta línea, se prevé la creación de la Red Muestra, integrada por montes públicos y privados que "sirvan de ejemplo de gestión sostenible", y el desarrollo de un Programa de Divulgación Forestal que "acerque este conocimiento a la sociedad". La formación y la educación forestal también adquieren protagonismo, impulsando la red de centros de capacitación y experimentación como espacios para la formación de profesionales del sector y la actualización de conocimientos técnicos.
