Paso al frente para resolver, posiblemente, el principal problema que afecta a la comunidad autónoma andaluza. La Ley de Vivienda de Andalucía ha entrado este sábado, día 24 de enero, en vigor con "una apuesta firme" por aumentar la oferta de viviendas protegidas y a precio asequible. De esta manera, el Gobierno autonómico "toma la iniciativa con una norma que se asienta" sobre el incremento de la oferta de VPO y la rehabilitación, la disponibilidad de suelo, la reducción de burocracia en los proyectos residenciales y el refuerzo de la seguridad jurídica de los propietarios para hacer frente a fenómenos al alza como la ocupación ilegal de viviendas.
La consejera, Rocío Díaz, ha resaltado que la norma "nace del diálogo y para mejorar la vida de los andaluces". La Ley de Vivienda de Andalucía, ha afirmado, viene a "apuntalar toda la planificación que se ha hecho desde 2019 en materia de vivienda por parte del Gobierno de Juanma Moreno".
Se trata de un trabajo "que se ha traducido en que Andalucía haya conseguido multiplicar por cuatro el número de viviendas protegidas en los últimos seis años y se haya convertido en la comunidad autónoma donde más vivienda, libre y protegida, se ha iniciado en 2025, a diferencia del resto de España".
Nueva Ley de Vivienda en Andalucía
La Ley de Vivienda de Andalucía, por tanto, se marca como objetivo acelerar el aumento de la oferta de viviendas protegidas. Así, contempla medidas como la creación de las áreas prioritarias, zonas donde hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que la administración concentrará sus recursos en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación.
En otro orden de cosas apuesta por la colaboración público-privada en sus diferentes modalidades (concesiones, subvenciones) para sumar esfuerzos en el objetivo de ampliar el parque residencial a precio asequible. El Ejecutivo andaluz ha destacado que se creará una comisión andaluza de colaboración público-privada para encontrar nuevas fórmulas que se sumen a iniciativas ya puestas en marcha como el sistema de permuta de suelo por vivienda o el desarrollo y urbanización de suelos.
La ley optimizará la gestión del parque residencial, mediante la creación de un inventario único de viviendas públicas ya sean de la Junta de Andalucía o de los ayuntamientos, poniendo el acento en la rehabilitación de viviendas, con iniciativas que van a permitir la reconstrucción de barriadas y medidas para la eliminación de la infravivienda bajo criterios y principios de sostenibilidad social, medioambiental y económica.
Finalmente, hay que añadir que mejora la calidad y la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles, con la constitución de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía, que incentive, por ejemplo, la industrialización en la construcción de viviendas. También figura un apartado que garantice el buen uso del parque residencial, evitando la ocupación ilegal y la sobreocupación, así como la protección de los más vulnerables.
