María del Carmen del Castillo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, ha mostrado su profundo pesar en nombre del Gobierno andaluz por el triste fallecimiento de Sandra Peña, una joven de apenas 14 años del Colegio Irlandesas Loreto y formaba parte del CD Honeyball que se ha suicidado en Sevilla tras sufrir 'bullying' y ha defendido los protocolos de acoso escolar: "Es durísimo para la familia y en nombre de toda la comunidad educativa, en el del Gobierno andaluz y el mío propio, nuestro acompañamiento en su dolor. Es muy duro perder a un hijo o una hija y en estos momentos tenemos que estar al lado de la familia".
Seguidamente resaltaba que desde que se tuvo conocimiento del caso se realizó una inspección educativa para recabar toda la información disponible en el centro sin que conste el inicio de los dos protocolos que deben activarse en estos casos para prevenir el acoso escolar y para la prevención de conductas autolíticas. "A la vista de los indicios hemos dado traslado a la Fiscalía de la información por si hubiera responsabilidades de tipo penal".
Como medida puntual, y a petición de la familia, se procedió a trasladar a las alumnas presuntamente implicadas a otras aulas, aunque la consejera ha precisado que estas acciones no sustituyen la aplicación completa de los protocolos establecidos para situaciones de riesgo.
Protocolos de acoso escolar en Andalucía
Asimismo, al margen de la vía judicial, también se activa la vía administrativa que son requeridas al centro para que inicie las actuaciones correspondientes cuando se terminen los expedientes administrativos: "Cuando cualquiera traslada a un centro una situación o la sospecha de que un alumno o alumna pudiera ser objeto de un caso de acoso lo que tiene que hacer el centro educativo es activar el protocolo que está delimitado con una serie de pasos en los que se adoptan medidas. En este caso, el centro adoptó medidas más allá de que se haya activado el protocolo o no porque entendía que podía haber una situación de riesgo para la menor", afirmaba.
"Los protocolos son buenos, lo que hay que hacer es cumplirlos. Estas situaciones son responsabilidad de todos, no solo de los centros educativos. Tenemos que conocer los riesgos y protegernos". Según la consejera, su correcta aplicación permite evaluar el riesgo, intervenir de manera temprana y garantizar un seguimiento individualizado del alumnado afectado, asegurando tanto la protección de la víctima como la corrección de la conducta de los presuntos agresores.
