La vicepresidenta del Gobierno de España, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz vuelve a estar en el punto de mira de la clase política e incluso de la ciudadanía. En este caso María Jesús Montero vuelve a ser cómplice de un contratiempo para muchas familias de Andalucía.
Isabel Prieto, diputada del PP en el Congreso por la provincia de Córdoba, ha asegurado que "el gobierno de Pedro Sánchez y Montero está complicando la vida a las familias después de exigir un plan de prevención de riesgos laborales para el empleo doméstico".
En este sentido, Prieto ha recordado que "el día 14 de noviembre entró en vigor la normativa que obliga a todas las familias que tengan contratada a una persona que les ayude con las tareas del hogar a evaluar los riesgos laborales a los que podría exponerse en su trabajo". "Y para cumplir con esta exigencia, el Ministerio de Trabajo habilitó la plataforma 'Prevención 10' a través de la cual las familias deben realizar el trámite".
Montero sigue perjudicando seriamente a Andalucía
A este respecto ha subrayado que "estamos hablando de familias que necesitan ayuda en sus hogares para conciliar la vida laboral y familiar, para tareas del hogar o para cuidar a niños, mayores o dependientes". "Es decir, no se trata de un capricho, sino de una necesidad".
En otro orden de cosas ha advertido de que "el Gobierno se empeña en tratar a las familias como si fueran pequeñas empresas y les exige papeleos y burocracia desproporcionada, complicándoles la vida en lugar de facilitársela", a lo que ha añadido que, "en muchos casos, las familias no tienen conocimientos en prevención de riesgos laborales, ni habilidades para realizar esos trámites en un ordenador".
Y prosigue reseñando que "el Gobierno amenaza a los hogares que no cumplan con multas desorbitadas, pero la plataforma 'Prevención 10', que es la herramienta para hacerlo, ha resultado defectuosa, con fallos informáticos y se ha colapsado en muchos momentos, resultando imposible para muchas familias cumplir con el requerimiento exigido".
Frente a todo esto, el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de ley instando al Gobierno a prorrogar la entrada en vigor de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales aplicada al empleo doméstico, al menos, por un año.
