La vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, continúa sumando nuevos episodios de salidas de todo. Sin embargo, la última quizás haya ido algo más allá y puede salirle muy cara a la actual líder del PSOE en Andalucía.
De esta manera, el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha presentado una demanda de conciliación en la que reclama 250.000 euros a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por llamarle "presunto delincuente" y decir que está "convencida" de que "va a volver a la cárcel", expresiones por las que se enfrenta a posibles consecuencias penales.
Asimismo hay que considera que De Aldama pretende además que Montero "se retracte públicamente" de las "manifestaciones injuriosas" que hizo en el programa 'Lo de Évole' el pasado 16 de marzo y "en la misma forma en la que estas fueron difundidos", al sentirse seriamente dañado.
Nueva salida de tono de María Jesús Montero
Respecto a este asunto, el empresario avisa de que, en caso de no llegar a un acuerdo en un acto de conciliación, presentará una "querella por la presunta comisión de un delito de injurias con publicidad" contra Montero. De Aldama afea a la vicepresidenta primera que le atribuyese "de manera directa" la condición de "delincuente", aunque lo matizase "irónicamente" con la palabra "presunto".
Además se queja del comentario anteriormente reseñado de que volvería a la cárcel, "precisamente en el marco del procedimiento judicial donde el Ministerio de Hacienda a su cargo ostenta la condición de parte interesada, en la medida en que manifestó que el mismo tuvo su origen en una investigación realizada por la Agencia Tributaria" en su momento.
Por otra parte, De Aldama considera que Montero "ha incumplido abiertamente sus deberes institucionales como alto cargo del Estado", que tiene la "obligación" de "respetar" el derecho a la presunción de inocencia. Y reitera que la ministra "emitió a la opinión pública a través de un medio de difusión masiva claros prejuicios de culpabilidad" en su contra.
Finalmente, hay que añadir que en el marco del escrito, a cargo de su abogado, el letrado José Antonio Choclán, recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado que "cuando la vulneración de la presunción de inocencia en su dimensión social proviene de los poderes públicos, como aquí ocurre, se lesiona el honor y la reputación de la persona investigada/acusada".
