El impuesto del Gobierno de España a las energéticas podría tener consecuencias nefastas para Andalucía. Esta medida podría provocar una huida de las inversiones y una congelación de los proyectos de Cepsa en la comunidad autónoma tal y como ha denunciado la propia plantilla de trabajadores a través del Sindicato de Trabajadores (STR), que tiene la representación mayoritaria del colectivo.
En un comunicado, el sindicato destaca que el anuncio del Gobierno de España de extender en el tiempo el impuesto extraordinario a las energéticas, con lo que se convertiría en un gravamen permanente, tal como ha planteado el Ministerio de Hacienda, ha generado "incertidumbre" en torno a las iniciativas vinculadas al 'Valle del Hidrógeno Verde', en las provincias de Huelva y Cádiz, en lo que a su futuro más inmediato se refiere.
El sindicato advierte que la inversión en la industria petroquímica nacional es "fundamental y vertebradora" de las regiones del país, "así como de miles de familias que ven con preocupación y asombro cómo la estabilidad de sus puestos de trabajo, directos e indirectos, que genera el sector pueda estar en peligro por decisiones políticas y/o fiscales que van en contra de la estabilidad de la industria, amenazando con trasladar inversiones y puestos de trabajo a otros países", según publica elEconomista.es.
Asimismo, STR avisa que seguirá "muy de cerca" la evolución de estos acontecimientos" y exige "un diálogo de los de arriba para que tengan en cuenta a los de abajo", con el propósito de "atajar la realidad de la situación laboral y económica", al tiempo que insta al Gobierno a "revertir" decisiones tomadas a la ligera".
Congelación de las inversiones
En este sentido, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, afeaba al Ejecutivo central recientemente que "en lugar de trabajar para que llegue la inversión, lo único que hace es generar incertidumbre y ahuyentar a las empresas". No en vano, la inversión prevista en el citado 'Valle del Hidrógeno Verde' ronda los 4.000 millones de euros, con 12.500 empleos previstos.
De su lado, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, criticaba también el "impuestazo" a las energéticas y a la banca al querer el Gobierno central dar continuidad a este gravamen. "No entendemos la voracidad fiscal del Gobierno", afirmaba. "Andalucía tiene tanto en juego y tanto está en riesgo" por esta decisión; ello tras ver que Cepsa ha decidido congelar sus inversiones por esta situación.
