La Junta de Andalucía, bajo la presidencia de Juanma Moreno, ha aprobado en Consejo de Gobierno el Proyecto de Ley de Vivienda, que inicia ahora su tramitación parlamentaria. Se trata de una norma clave cuyo objetivo principal es facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada, poniendo en el centro a jóvenes, mayores y familias que encuentran más dificultades.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha defendido que la vivienda no puede convertirse en un campo de batalla ideológico, sino que es un derecho que la administración debe garantizar con responsabilidad. Para ello, se utilizarán todos los instrumentos disponibles: suelo urbanizable, recursos económicos y colaboración público-privada.
El texto recoge buena parte de las medidas adelantadas en febrero con el Decreto-ley 1/2025, que ponía el foco en movilizar todo el suelo urbanizable para la construcción de viviendas protegidas. A partir de ahí, la nueva ley va más allá, incorporando mecanismos de planificación, ayudas directas y medidas para incentivar tanto la compra como el alquiler asequible.
Escucha activa y proceso de diálogo para la Ley de Vivienda en Andalucía
La consejera Rocío Díaz ha subrayado que el proyecto nace de un amplio proceso de diálogo y participación. No solo se ha contado con ayuntamientos, promotores, sindicatos y organizaciones empresariales, sino también con técnicos, jóvenes, mayores y vecinos que han trasladado sus inquietudes.
El debate continuará ahora en el Parlamento de Andalucía, donde volverá a abrirse un proceso de escucha y participación. El objetivo es que el texto final sea fruto del mayor consenso posible y que la ciudadanía perciba la ley como una herramienta útil y no como un elemento de confrontación política.
Áreas prioritarias y ayudas directas
Una de las principales novedades es la creación de las áreas prioritarias de vivienda. Se trata de zonas en las que se detectan mayores dificultades para acceder a una vivienda y en las que se concentrarán los esfuerzos de la administración. Allí se impulsarán ayudas al alquiler, incentivos a la compra y programas de rehabilitación, con el fin de equilibrar el mercado y garantizar precios asumibles.
El texto también refuerza las ayudas directas tanto a familias como a promotores, buscando incentivar la construcción de viviendas asequibles y rehabilitar el parque existente. Se trata de combinar medidas urgentes con una visión a medio y largo plazo que permita ampliar el parque residencial a precios adecuados en toda Andalucía.
Colaboración público-privada y responsabilidad institucional
La futura ley apuesta de manera clara por la colaboración público-privada. La consejera ha señalado que esta será una de las vías principales para movilizar recursos, ya sea mediante concesiones, subvenciones o proyectos conjuntos con empresas del sector. La idea es que la administración ponga el marco y los recursos, mientras el sector privado aporta inversión y agilidad en la ejecución.
Desde la Junta insisten en que la responsabilidad institucional es la base de la norma. Se trata de una ley que asume que ningún proyecto vital puede comenzar sin una vivienda y que, por tanto, corresponde a la administración garantizar el derecho de acceso en igualdad de condiciones. Andalucía se sitúa así en la vanguardia de las comunidades autónomas que plantean una legislación propia para afrontar el reto de la vivienda.
