Andalucía arrancará 2026 con una gratísima noticia. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la Ley de Vivienda en Andalucía, que entrará en vigor el próximo 24 de enero, una normativa que apuesta firmemente por la vivienda y por facilitar su acceso a los que más lo necesitan, con un aumento de la oferta de viviendas protegidas y a precio asequible.
La nueva norma se articula sobre cuatro pilares: incrementar la oferta de VPO y la rehabilitación, facilitar la disponibilidad de suelo, reducir la burocracia asociada a los proyectos residenciales y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios para hacer frente a fenómenos como la ocupación. De este modo, la Ley de Vivienda de Andalucía refuerza las políticas iniciadas por el Gobierno andaluz desde 2019 y permitirá crear las mejores condiciones para darle un impulso a la oferta de vivienda protegida en venta y en alquiler.
A este respecto conviene aclarar que la normativa crea la figura de las áreas prioritarias, zonas donde se detecte que hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación, según ha detallado el Gobierno andaluz.
Ley de Andalucía de Vivienda
En este sentido apuesta por la colaboración público-privada en sus diferentes modalidades (concesiones, subvenciones), para sumar esfuerzos en el objetivo de ampliar el parque residencial a precio asequible. El Ejecutivo andaluz ha destacado que se creará una comisión andaluza de colaboración público-privada para encontrar nuevas fórmulas que se sumen a iniciativas ya puestas en marcha como el sistema de permuta de suelo por vivienda o el desarrollo y urbanización de suelos. También buscará el equilibrio de la oferta de vivienda en venta y alquiler y los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial habitual y permanente.
En otro orden de cosas, la ley optimizará la gestión del parque residencial, mediante la creación de un inventario único de viviendas públicas ya sean de la Junta de Andalucía o de los ayuntamientos, poniendo el acento en la rehabilitación de viviendas, con iniciativas que van a permitir la reconstrucción de barriadas y medidas para la eliminación de la infravivienda bajo criterios y principios de sostenibilidad social, medioambiental y económica.
Por otra parte mejora la calidad y la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles, con la constitución de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía, que incentive, por ejemplo, la industrialización en la construcción de viviendas. También figura un apartado que garantice el buen uso del parque residencial, evitando la ocupación ilegal y la sobreocupación, así como la protección de los más vulnerables.
En esa línea, se contempla la creación de una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y la lucha contra la ocupación ilegal. La norma establece, dentro del marco de sus competencias, mecanismos para el asesoramiento e información en materia de desahucios y ocupación.
