El Consejo de Gobierno de la Junta ha conocido este martes diversos contratos con carácter de emergencia que ha llevado a cabo la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para ejecutar medidas urgentes ante el Covid-19 relativas a las medidas de protección en los juzgados y los institutos de medicina legal.

En total, han sido 378.421 euros que se han invertido en la compra de material de protección y portátiles después de que la Dirección General de Infraestructuras Judiciales acordara la compra por la vía de emergencia de 106.000 mascarillas y 6.000 envases de gel hidroalcohólico para los órganos judiciales de Andalucía.

Según ha informado la Junta en un comunicado, con esta compra, a la que se ha destinado 140.723 euros, "se garantiza la seguridad tanto para el personal que cumple los servicios esenciales que exigen presencia física en las sedes, como para los ciudadanos que acuden a las mismas".

Igualmente, ha adquirido 530 mamparas de seguridad para dotar de elementos de protección colectiva los puestos de atención al público en los inmuebles judiciales, lo que ha supuesto una inversión de 27.255 euros.

La Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Sistemas también ordenó la contratación con carácter de emergencia del suministro de 300 ordenadores portátiles para los órganos judiciales de Andalucía, que han sido entregados a los Letrados de la Administración de Justicia, ya que son los encargados de ejecutar e impulsar gran parte de las actuaciones procesales de las unidades que han de continuar prestando servicios fundamentales a los ciudadanos.

De esta forma, según ha destacado la Administración autonómica, "pueden realizar su trabajo de forma no presencial sin que se paralice la actividad judicial y sin poner en riesgo su salud". A esta medida se han destinado 174.240 euros.

Por último, desde la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal se contrató el suministro de equipos de protección individual para los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Andalucía por un importe de 36.203 euros y con el objetivo de que se realicen las funciones con garantías de seguridad, ya sea en levantamiento de cadáveres como en la realización de las autopsias, ya que los médicos forenses y auxiliares precisan de equipos de protección individual (EPI), y por tanto, la necesaria dotación de los mismos.

A juicio de la Consejería de Justicia, estos contratos debían realizarse por vía de emergencia dado que "era necesaria la actuación inmediata" al tratarse de "una situación excepcional de grave peligro para la salud y seguridad" de trabajadores de la Administración de Justicia y de los ciudadanos que acuden a las sedes judiciales y al no contar con medios propios materiales con los que hacer frente a dicha situación.