Una fecha marcada en rojo como trascendental además para el futuro de la capital gaditana. Bruno García, alcalde de Cádiz, ha convocado el Pleno extraordinario de la Vivienda para el próximo miércoles 12 de febrero en el Ayuntamiento a propuesta del Grupo Municipal Popular, que es el equipo de gobierno, que va a proponer una serie de puntos, como una modificación del PGOU encaminada a incrementar las opciones de construcción de vivienda pública.
En la propuesta el PP argumenta que la vivienda es "desde hace tiempo, junto con el empleo, uno de los problemas que más afecta a la ciudad de Cádiz, en particular, y a toda la comunidad autónoma de Andalucía y España en general". En primer lugar propone que el Ayuntamiento de Cádiz encargue a Procasa el impulso definitivo de la actuación de vivienda en la Barriada Manuel de Falla, más conocida como Tacita de Plata., así como que se intensifique el trabajo para iniciar cuantos expedientes de expropiación de fincas sea posible "a tenor de los recursos disponibles y las condiciones físicas y legales de las fincas susceptibles de ese proceso de expropiación".
Asimismo se refiere al impulso por parte del equipo de gobierno de una modificación del PGOU encaminada a incrementar las opciones de construcción de vivienda pública en aquellos suelos que sean susceptibles de dicha modificación. Además, en esa modificación se prohibiría el uso de hospedaje en la fincas con protección de grado uno.
Pleno sobre vivienda en Cádiz
Entre los objetivos que se persiguen se encuentra que se apruebe sacar a licitación la contratación de una herramienta de análisis, diagnostico y control en tiempo real del parque de vivienda público y privado de la ciudad, "con el fin de identificar el número de viviendas vacías, solares sin uso, viviendas de uso turístico registradas u operando en plataformas sin los permisos necesarios, entre otros".
Otro de los propósitos es el impulso de medidas que permitan la recuperación de viviendas vacías para el mercado de alquiler y, entre ellas, "las que legalmente puedan encaminarse a la imposición de penalizaciones fiscales a las viviendas vacías". La proposición recoge también la propuesta la continuación por parte del equipo de gobierno de medidas para restringir la implantación de viviendas turísticas para que no superen el 4% del número total del parque residencial de la ciudad "que se estableció en el anterior mandato como índice óptimo para Cádiz".
Finalmente, hay que añadir que la propuesta insta tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España a desarrollar las operaciones de viviendas que ya tienen entre manos. En el caso de la Junta que "aproveche cualquier oportunidad de suelo existente y desarrollando el convenio firmado hace escasas fechas", y en el del Gobierno de la nación para que "se implique en la búsqueda de oportunidades de suelos susceptibles de acoger la construcción de vivienda pública".
