El macroproyecto turístico en la localidad de Trebujena, en la provincia de Cádiz, con hoteles, con 300 villas de lujo y con un campo de golf a escasos kilómetros del Parque Nacional de Doñana sigue generando discrepancias. Este proyecto está supeditado a la pronunciación de la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que tiene las competencias en materia de aguas en este caso, pero ya ha desatado la primera oleada de criticas.
El proyecto ha sido impulsado desde el propio Ayuntamiento de Trebujena, donde gobierna Izquierda Unida, y tal y como ha señalado Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, "fue amparado por un gobierno socialista de la Junta de Andalucía en 2011".
Sin embargo, en una época marcada por la sequía, desde Adelante Andalucía, entiende que este macroproyecto supone un “atentando medioambiental”. En palabras del portavoz parlamentario José Ignacio García "esto se hace con la aprobación del Ayuntamiento de Trebujena, de IU, y cuyo máxime responsable de este proyecto es el presidente del Consorcio de Aguas de la provincia y coordinador provincial de IU, Jorge Rodríguez”.
En esta línea, ha manifestado que “nos parece infame que esto esté avalado por parte de una organización que se dice ecologista” y ha criticado que los 109 campos de golf existentes en Andalucía utilizan la misma agua que un millón de personas. “En un momento de sequía, de restricciones lo que se debería estar haciendo es cerrar los campos de golf de Andalucía. Porque primero va la agricultura, el consumo humano y las actividades verdaderamente productivas que generan riqueza, y después va el ocio de unos pocos, de una minoría de los campos de golf”.
Mientras tanto, Antonio Sanz ha defendido que "lo que ha hecho la Junta de Andalucía es emitir una declaración ambiental estratégica referente al PGOU de Trebujena, que impulsa el propio Ayuntamiento de Trebujena, de IU, desde el año 2023", porque "los cinco informes que constan en el expediente son favorables".
Pendientes de la valoración de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Las autorizaciones ambientales dependen de la emisión de "multitud de informes sectoriales", que son los que condicionan la autorización final. En función de la demarcación hidrográfica, una administración u otra es la competente y, en el caso que nos ocupa en materia de aguas, es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por lo tanto la junta se ciñe a los que es su competencia", apunta también el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández Pacheco.
En este sentido, si en materia de aguas la administración competente emite en sentido negativo, "implicaría la negatividad de todo el informe ambiental", proseguía Fernández Pacheco quien considera que se están realizando interpretaciones por parte de algunos responsables políticos "poco rigurosas", en referencia a las declaraciones de José Ignacio García.
