"David Navarro debe presentar su carta de dimisión"
El Grupo Popular califica de "grave escándalo" que el alcalde decrete el pago de 270 mil euros contra las instrucciones de la Intervención
El Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP), ha calificado de "grave escándalo" la información conocida según la cual el alcalde habría levantado mediante decretos los reparos puestos por la Intervención Municipal para el pago de, al menos, 270 mil euros a una empresa de limpieza cuyo contrato con el Ayuntamiento no estaría en vigor desde julio de 2017 y que, además está pasando facturas por la limpieza de tres espacios que ni siquiera están en ese contrato expirado.
Los populares ha requerido que el concejal responsable de las áreas de Contratación y Hacienda dé explicaciones urgentes sobre lo que está pasando en esas delegaciones "o presente su carta de dimisión ante las graves irregularidades que se están conociendo sobre el pago de facturas sin la fiscalización del interventor". Este caso se une al conocido días atrás sobre el intento el Equipo de Gobierno de saltarse también el procedimiento reglado para pagar las jornadas realizadas por el colegio profesional presidido por la hermana de una concejala de ese mismo gobierno local.
700 mil euros de pagos en el limbo
El Grupo Municipal Popular también llamó la atención sobre el hecho de que el Ayuntamiento mantenga sin pagar por similares problemas de contratación a la empresa Bioreciclaje de Cádiz S.A. facturas por valor de 450 mil euros. Este importe, sumado a lo 270 mil euros de pagos sí realizados mediante el decreto del alcalde que levante el reparo de Intervención, y los seis mil euros que se deberían haber abonado por parte de alguien al Palacio de Congresos en concepto de alquiler por las jornadas realizadas por el colegio profesional que preside Pilar Tubio, elevan la cantidad económica a 700 mil euros. Una cantidad que –según el GMPP- "se encuentra por una u otra razón en el limbo administrativo de este ayuntamiento".
Los populares gaditanos han concluido señalando que este cúmulo de irregularidades en el pago de facturas por parte del ayuntamiento se está convirtiendo en un asunto de suma gravedad sobre el que se requieren de manera urgente respuestas, ya que "podríamos estar ante un escándalo financiero de cuantía bastante considerable y con responsabilidades muy serias. Utilizar un decreto para esquivar el control y fiscalización por parte de la Intervención es un asunto gravísimo, y dejar de pagar durante un año facturas a una empresa por no tener amparo contractual ni legal para hacerlo es igual de grave. El silencio del alcalde no puede durar más".
