La Corporación de la Diputación de Cádiz se ha reunido este miércoles para celebrar el Pleno correspondiente al mes de julio. Una sesión en la que se han aprobado modificaciones presupuestarias por valor de 2,6 millones de euros que servirán para desarrollar acciones en materia de vivienda, mejora de calles e iniciativas sociales, culturales y medioambientales en el conjunto de la provincia.
Cerca de 40 ayuntamientos y asociaciones sin ánimo de lucro son las destinatarias de este paquete de subvenciones. Entre las de mayor cuantía, una asistencia económica de 500.000 euros para el Ayuntamiento de Paterna destinada a la adquisición de suelo para la promoción de vivienda de “carácter social o protegido” y una guardería municipal en la localidad; 235.680 euros para estabilizar el terreno en la calle Barrero en Zahara de la Sierra y poner fin a los problemas en las viviendas de los vecinos de esta vía; medio millón de euros para realizar mejoras en el acerado y pavimentación de varias calles de Barbate y otros 500.000 euros para un proyecto de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
También se han aprobado ayudas para iniciativas medioambientales de los ayuntamientos de Espera y Trebujena, así como otras destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la organización de actividades deportivas, culturales y sociales, caso de la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía y Cruz Roja, por citar algunas.
Nuevas inversiones de la Diputación de Cádiz
En cuanto al resto de iniciativas aprobadas en la sesión plenaria, cabe destacar la aprobación del Plan Económico Financiero para los ejercicios 2025 y 2026. Dicho plan se adopta en cumplimiento de las directrices de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Diputación, y según los datos de la liquidación del presupuesto de 2024, cumplió con los principios de estabilidad presupuestaria –de hecho alcanzó un superávit de 67 millones de euros- y de deuda pública, si bien experimentó una desviación de la regla de gasto.
Para el ejercicio 2025, en vigor, Diputación dispondrá de un techo máximo de gasto cercano a los 351 millones de euros (exactamente se cifra en 350.815.771 euros), mientras que para 2026 no se podrá superar el umbral de los 356.659.030 euros. Según las consideraciones del Plan Económico Financiero la desviación de la regla de gasto de 2024 es “coyuntural” al tiempo que, con las previsiones y tendencias actuales, existe un escenario propicio para el cumplimiento de los principios de la Ley Orgánica 2/2012 según se indica en este documento.
También se ha aprobado una modificación del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia municipal 2024-2025 a petición de algunas de las entidades destinatarias, según ha asegurado el vicepresidente quinto Sebastián Hidalgo. Esta modificación permite ampliar a septiembre de 2026 los plazos de ejecución y justificación.
La Corporación se ha puesto de acuerdo para sacar adelante todas las iniciativas presentadas por los diferentes grupos provinciales. Izquierda Unida ha puesto sobre la mesa su preocupación por que personas condenadas con sentencia firme por violencia de género eludan el ingreso en prisión al solicitar un indulto. Ante esa circunstancia, ha conseguido respaldo unánime para instar al Gobierno de España a impulsar reformas legislativas que impidan que esto ocurra y garantizar así la seguridad de las víctimas. La otra iniciativa de Izquierda Unida, defendida por su portavoz,
Obras en un instituto de Los Barrios
Asimismo, a iniciativa del Grupo Socialista se ha aprobado instar a la Junta a ejecutar “de forma inminente” la inversión -aprobada en 2020- de 550.000 euros para realizar obras en el centro educativo IES Sierra de Luna en Los Barrios, además de construir un nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria en el municipio, garantizando los fondos necesarios para su construcción, ha defendido la diputada socialista Ana María Jarillo. Esta propuesta ha contado con el apoyo de Izquierda Unida y La Línea 100x100.
Finalmente, los votos del Grupo Popular y la abstención de La Línea han sido suficientes para aprobar la moción presentada por los populares a favor de la convocatoria de elecciones generales “por pérdida de legitimidad institucional”, según el portavoz del Grupo, Juancho Ortiz, y para que el Gobierno de España colabore con el poder judicial y el resto de instituciones “que investigan posibles irregularidades vinculadas a su gestión”, absteniéndose de “interferir” en causas abiertas, obstaculizar el derecho a la información pública, reforzar sistemas de control y auditoría en la Administración General del Estado y “asegurar la neutralidad” de los organismos estatales, entre otras cosas. PSOE e IU han votado en contra.
