La situación del alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana (PSOE), se complica cada vez más tras la aparición de nuevos documentos, declaraciones oficiales y rectificaciones que corroboran la información que El MIRA publicó en febrero de 2025: la concesión de una licencia urbanística se aprobó contra informes técnicos municipales, modificando el uso de un terreno propiedad del exalcalde socialista Domingo Sánchez, sin que este hubiera cumplido la obligación previa de ceder un local comercial al Ayuntamiento, tal y como exigía el convenio.
Este caso —que ya motivó la solicitud formal de documentación por parte de la Guardia Civil y/o Fiscalía Anticorrupción, según admite el propio Gobierno Local— sigue sumando elementos que apuntan a un posible delito de prevaricación urbanística, cuya consecuencia más probable en caso de condena sería la inhabilitación del alcalde durante varios años. Así lo confirmaba el jurista consultado por este medio, Ángel Durán.
Un cambio de uso aprobado sin cumplir el convenio: el origen de la presunta prevaricación
La investigación arranca con un dato tan sencillo como demoledor: el Ayuntamiento de Rota aprobó el cambio de uso del suelo de “hospedaje” a “residencial” sin haber recibido la cesión del local comercial comprometida por el propietario de las fincas, el exalcalde Domingo Sánchez.
La documentación publicada por El MIRA en febrero recogía informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales que desaconsejaban expresamente aprobar la modificación urbanística debido a que no se había producido la cesión del local, un requisito indispensable del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el propietario.
A pesar de ello, y tal como el propio Domingo Sánchez reconoce por escrito en su solicitud de derecho de rectificación remitida a MIRA Costa Noroeste, el Pleno Municipal aprobó el cambio de uso el 28 de marzo de 2022, permitiendo a partir de ese momento solicitar licencias de obra ajustadas al nuevo planeamiento.
El exalcalde explica textualmente que:
- El 23 de septiembre de 2019 pidió el cambio de uso a residencial.
- El 1 de julio de 2021 presentó una “oferta vinculante” comprometiéndose a ceder un local.
- El cambio de uso se aprobó en pleno el 28 de marzo de 2022, gracias a la firma de Ruiz Arana.
- Y la cesión del local no se produjo en el momento de aprobar el cambio de uso… ni en los años siguientes.
Es decir: se aprobó primero y se cedió… nunca. El propio Domingo Sánchez confirma que no ha sido hasta octubre de 2025 cuando adquirió el local para poder entregarlo al Ayuntamiento. Tres años tarde.
Fiscalía Anticorrupción toma el control: la investigación existe y se ha iniciado de oficio
Hace justo una semana, El MIRA adelantó que la Guardia Civil había solicitado —por vía telemática— el expediente completo sobre la licencia. Horas después, el Gobierno Local de Rota intentó restar importancia alegando que no era la UCO, sino Fiscalía Anticorrupción, quien pedía la documentación.
El matiz, lejos de desmentir la noticia, la refuerza: La Fiscalía Anticorrupción tiene competencias para actuar de oficio cuando detecta indicios de delito. Asimismo, en numerosos procedimientos, UCO y Fiscalía trabajan de manera conjunta. Intentan desde el Gobierno municipal, a través del teniente de alcalde Daniel Manrique, señalar que esta investigación es fruto de la denuncia del Partido Popular, pero esto no es cierto, la atribución de este origen es desmentida por el propio PP local, y por la información que maneja esta redacción: no existe tal denuncia. La conclusión es inequívoca: La investigación existe y se ha abierto tras las pruebas publicadas por El MIRA.
El exalcalde Domingo Sánchez lo confirma: la cesión se hará “en las próximas semanas”, tres años tarde
En la carta de rectificación enviada a este medio —y publicada en MIRA Costa Noroeste—, Domingo Sánchez reconoce algo esencial:
- Que el local que debía ceder al Ayuntamiento no lo ha tenido hasta el 24 de octubre de 2025.
- Que prevé cederlo oficialmente a mediados de diciembre de 2025.
- Que, por tanto, cuando el alcalde aprobó el cambio de uso en 2022, la cesión no había tenido lugar.
- Y, lo que es aún más delicado jurídicamente: Que la cesión debía producirse antes, no después, según el convenio firmado.
- Que las fincas ya se habían transmitido a terceros. Aunque otras fuentes desmienten que sea en su totalidad.
- Que, aun así, el alcalde aprobó el cambio en contra de los informes municipales.
Este reconocimiento despeja cualquier duda sobre si el Ayuntamiento actuó correctamente: firmó la licencia urbanística cuando los propios técnicos municipales señalaron que no se cumplía para hacerlo.
Un procedimiento urbanístico que incumple la ley: lo que dice el derecho administrativo
Los técnicos municipales no se opusieron por capricho. Lo hicieron porque la ley es clara: Si un cambio de uso implica un beneficio patrimonial para el propietario, la administración debe recibir algo a cambio: un local, un espacio, un equipamiento público. Ese bien debe ser cedido antes del cambio o simultáneamente, no después, y mucho menos tres años después. Aprobar un expediente sin cumplir los requisitos supone, como ya han explicado juristas a este medio:
- Vulnerar informes preceptivos.
- Dictar una resolución injusta a sabiendas.
- Incurrir en prevaricación urbanística (artículo 404 del Código Penal).
- Y acarrear inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Es decir: la consecuencia no sería una multa. Sería la expulsión del cargo y la imposibilidad de trabajar en el ámbito público durante años, algo que le podría afectar si quisiera a volver a su puesto en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.
Urbanismo firma la aceptación del local… pero también tres años tarde
Otro elemento clave de la investigación se conoció en octubre de 2025, cuando el teniente de alcalde delegado de Urbanismo aprobó la aceptación del local que el Ayuntamiento siempre quiso. Pero la fecha revela el problema:
- La aprobación es de septiembre de 2025.
- La compra del local por Domingo Sánchez, del 24 de octubre de 2025.
- La cesión final no se ha producido aún a día de hoy, aunque el exalcalde asegura que lo hará antes de finales de diciembre.
- Tres años de retraso para un requisito que debía cumplirse antes de aprobar la licencia.
Esto constata —negro sobre blanco— lo que El MIRA publicó en febrero de 2025: Ruiz Arana aprobó un cambio de uso en 2022 sin recibir la contraprestación acordada y contra el criterio de los servicios técnicos.
Un caso que ya es un escándalo institucional en Rota
Hoy, con todos los datos y documentos incorporados, el caso se ha convertido ya en un auténtico escándalo institucional en Rota. Existe un convenio que obligaba a la cesión previa de un local antes de poder aprobar el cambio de uso urbanístico, una cesión que nunca llegó a producirse en 2022, ni en 2023, ni en 2024. A pesar de ello, el Ayuntamiento aprobó en 2022 la licencia y el cambio de uso de la finca propiedad del exalcalde Domingo Sánchez, una decisión adoptada contra los informes técnicos municipales, que desaconsejaban expresamente dar luz verde al expediente por incumplirse los requisitos pactados.
La gravedad aumenta al constatarse que Fiscalía Anticorrupción ya investiga el caso, que el propio exalcalde reconoce al facilitar las fechas que la cesión del local se producirá con tres años de retraso, y que el Gobierno local ha admitido que la aprobación se realizó pese al criterio desfavorable de los técnicos. La operación permitió que la finca disfrutara de un beneficio urbanístico inmediato sin haber cumplido la obligación comprometida, una secuencia de hechos que encaja de lleno en la definición jurídica de prevaricación urbanística, con las consecuencias penales y de inhabilitación que esta figura conlleva.
