Instan al Ayuntamiento de Cádiz a retirar las terrazas ilegales
La normativa de accesibilidad estatal y autonómica establece las condiciones que debe cumplir la ocupación del espacio público así como el régimen sancionador aplicable en caso de su incumplimiento
El procedimiento de elaboración y aprobación de la nueva ordenanza reguladora de terrazas en la vía pública no puede ser una excusa para la inacción. Independientemente de que se apruebe o no una nueva ordenanza, la Asociación Gaditana de Peatones La Zancada recuerda al Equipo de Gobierno y a los técnicos municipales que a ellos corresponde la potestad de hacer cumplir la normativa vigente en materia de ocupación del espacio público y accesibilidad universal.
"A pocos escapa que la ampliación e instalación de terrazas no autorizadas en nuestras calles y plazas deriva en un incumplimiento sistemático de las condiciones mínimas de accesibilidad universal y no discriminación. Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y cada vez más numeroso al que es preciso proteger independientemente de a qué intereses particulares afecte. La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social recogía el ya pasado 4 de diciembre de 2017 como límite temporal máximo para cumplir las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en todos los espacios públicos urbanizados y edificaciones; de modo que el fundamento legal para que el Ayuntamiento tome medidas efectivas de protección es sobradamente sólido", señala La Zancada.
El desarrollo normativo de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, en concreto el Real Decreto 505/2007 y la Orden VIV/561/2010, establecen las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados así como su obligado cumplimiento, en concreto, por las terrazas de bares (art. 18 RD 505/2007).
Además, la Ley 4/2017 de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía establece el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal así como la potestad sancionadora de los ayuntamientos en los casos de infracciones por incumplimiento de las exigencias de accesibilidad en espacios públicos urbanizados y edificaciones.
"El incumplimiento de las normas sobre accesibilidad universal y no discriminación está considerado en dicha ley como falta grave o muy grave, y la mínima sanción que establece es de 30.001 euros. Existe, por tanto, normativa suficiente y potestad sancionadora para que el Ayuntamiento pueda actuar ya contra la grave vulneración de derechos que la ocupación del espacio público por terrazas y veladores está provocando en la ciudad de Cádiz", según la Asociación Gaditana de Peatones La Zancada.
Pero la ocupación ilegal del espacio público con mesas y sillas no afecta únicamente a las personas con discapacidad, dice La Zancada. "El descontrolado aumento de terrazas y cartelería no autorizadas obstaculiza de modo genérico la movilidad peatonal, especialmente la de las personas mayores o las que tienen bebés a su cuidado. Esta ocupación sin freno del espacio común conlleva, además, la inadmisible mercantilización de nuestros lugares de encuentro y estancia", asegura la asociación.
Por todo ello, de forma similar a otras ciudades como Córdoba, La Zancada insta al Equipo de Gobierno a que, independientemente de que consiga aprobar la nueva ordenanza, tome las siguientes medidas:
- Apertura de expedientes sancionadores a los establecimientos cuyas terrazas incumplan la normativa de accesibilidad universal.
- Emisión de un decreto para retirar los veladores y elementos que excedan los límites autorizados; para la retirada de los veladores sin licencia y los que quedan sin recoger durante la noche.
- Publicación en el portal de transparencia de las licencias de terrazas actualmente autorizadas a fin de poder exigir la protección de nuestros derechos.
Desde La Zancada les sigue pareciendo fundamental que todos los partidos apoyen unánimemente la nueva ordenanza, máxime tras el alto grado de consenso alcanzado entre los colectivos que participan en su elaboración. "Aunque la nueva ordenanza sea un buen instrumento para proteger derechos ciudadanos y dar seguridad jurídica a los hosteleros, la aplicación de la normativa estatal y autonómica en materia de accesibilidad por parte del Ayuntamiento no puede admitir ya más demora", concluye La Zancada.
