Un nuevo suceso ha tenido lugar en Granada, y más en concreto, en la barriada de La Chana. Allí la Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes de 23 años y de nacionalidad marroquí, por amenazar de muerte a una pareja y a un empleado de una inmobiliaria.
Los detenidos están en España sin permiso de residencia legal, y además ya contaban con antecedentes policiales. Pero este último hecho, producido este sábado 12 de junio sobre las 13:00 horas, ha sido la gota que ha colmado el vaso para que hayan sido detenidos y puestos a disposición judicial.
Según relata la Policía Nacional en una nota de prensa, fue emergencias 091 quienes los avisaron de esta reyerta, que se produjo en el interior de un portal cuando una agencia inmobiliaria iba a enseñar un piso a una pareja.
Cómo sucedieron los hechos
Cuando los agentes llegaron al lugar se encontraron con cinco personas, más un bebé de pocos meses, los cuales presentaban diversas lesiones como arañazos y erosiones, discutiendo en un rellano cubierto de cristales. Dos de las víctimas constituían un matrimonio que acompañaba al empleado de una agencia inmobiliaria para ver un piso de ese portal.
Estas personas, al llegar a la altura de la segunda planta, se encontraron con un individuo marroquí que estaba manipulando la cerradura de la puerta de entrada, presuponiendo que su intención era ocupar dicha vivienda. Ante esta situación, la pareja junto al agente inmobiliario, recriminaron la conducta del joven, a lo que él respondió de forma violenta con amenazas y causándoles arañazos y contusiones.
Seguidamente, el agresor llamó al segundo detenido para que subiera, ya que ambos viven en el piso inferior. Este segundo detenido apareció con un destornillador, manifestando su intención de agredirles, mientras les amenazaba de muerte al mismo tiempo.
La llegada de la Policía Nacional fue la que calmó la reyerta, y procedieron a la detención de los dos agresores. Además de comprobar su historial delictivo, y darse cuenta de que uno de ellos tenía notificado desde el año pasado un decreto de expulsión por cinco años. De todo esto, se ha informado a la autoridad judicial, que será la encargada en juzgarlos.
