El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha declarado el estado de excepción en las cárceles de todo el país tras el motín que dejó más de un centenar de muertos y más de cincuenta heridos en una cárcel de Guayaquil.
Este nuevo enfrentamiento entre bandas rivales, con granadas y hasta cinco decapitaciones, tendría relación con los cárteles del narcotráfico y es, según las autoridades la peor masacre penitenciaria de la historia de Ecuador.
Fausto Buenaño, General de la Policía Nacional de Ecuador asegura que los amotinados les recibieron con disparos de pistolas y armas largas. La policía respondió con armas no letales, para no agravar la situación.
Apoyo psicológico para familiares
Este siniestro episodio evidencia la crisis que arrastra desde hace años el sistema carcelario de Ecuador. El Gobierno ha prometido apoyo psicológico y ayudas a los familiares que aguardaban angustiados ante los servicios forenses de Guayaquil.
"Cuando nosotros vamos a la visita nos revisan todo, lo mínimo nos revisan, nos hacen hasta desnudar, no se como entran todas las armas. Todos adentro están armados, todos", asegura Juana Pinto, madre de un preso.
"Lo que nosotros queremos que nos ayuden, que el gobierno. No sé hay personas ahí adentro que por una simpleza está ahí y tiene que sufrir tantas cosas. Yo sí quiero que se tome cartas en el asunto el gobierno, que nos ayude a nosotros los pobres", implora Cecilia Quiroz, familiar de un preso.
Más de 200 presos muertos
Tras el cruento amotinamiento carcelario del martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a condenar la violencia en las prisiones ecuatorianas.
En 2021 serían más de 200 personas fallecidas, resultado de la violencia en penitenciarías. Se recuerda que los Estados tienen el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen derechos a la vida, integridad personal y seguridad de personas bajo su custodia.
— CIDH - IACHR (@CIDH) September 29, 2021
"En 2021 serían más de 200 personas fallecidas, resultado de la violencia en penitenciarías. Se recuerda que los Estados tienen el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen derechos a la vida, integridad personal y seguridad de personas bajo su custodia", expresó por Twitter.
