El exalcalde de Linares (Jaén) Juan Fernández está llamado a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Jaén el 7 de marzo de 2022. Será un tribunal con jurado el encargado de juzgarlo como presunto autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos por el que el Ministerio Fiscal le pide una pena de prisión de cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación absoluta.
La Audiencia de Jaén ha señalado la vista para los días 7,8,9 y 10 de marzo. La causa que se enjuicia responde en parte a la querella interpuesta en octubre de 2018 por el PSOE contra los exmilitantes Juan Fernández y Juan Sánchez, exsecretario de Organización de la agrupación, por presuntos delitos de malversación, apropiación indebida, administración desleal y estafa. La investigación interna de este caso ya propició en agosto de 2018 la expulsión del PSOE tanto de Fernández como de Sánchez.
Entre las personas que están llamadas a declarar como testigos se encuentra el que fuera secretario general del PSOE de Linares, Daniel Campos, y a los exconcejales socialistas Pilar Parra y Luis Moya.
PSOE ejerce de acusación
El PSOE, que ejerce la acusación en la causa, solicita que se le imponga al exalcalde de Linares un total de ocho años de prisión y otros diez de inhabilitación absoluta. Por su parte, el Ayuntamiento de Linares ha desistido de ejercer su acusación.
El escrito de calificación del Ministerio Fiscal establece que Juan Fernández como portavoz del grupo municipal del PSOE y al margen de su sueldo como alcalde, entre junio de 2011 a noviembre de 2017, "abusando de la confianza depositada por el resto de miembros" llego a sustraer "sin que tenga conocimiento ni consentimiento del resto de los concejales socialistas; y para su propio beneficio, una cantidad mensual de 1.700 euros de las cuentas pertenecientes al grupo municipal socialista".
Dichas cuentas, según continúa el escrito, "se nutrían exclusivamente de fondos públicos que provenían del propio Ayuntamiento de Linares, ya que por acuerdo plenario adoptado en cada una de las legislaturas municipales cada uno de los grupos municipales recibía una dotación económica de Ayuntamiento, y que en el caso del grupo municipal socialista giraba en torno a los 50.000 euros anuales".
Fiscalía recuerda que por ley esta dotación económica "no se podía destinar al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación" y añade que Juan Fernández "se apropió de dichas cantidades sin estar legalmente autorizado, ni tampoco autorizado por el grupo municipal socialista, quien desconocía las prácticas del acusado".
