El Gobierno local acusa a Kika de tener un interés profesional en ciertos casos del ERE

El PSOE pide seriedad y responsabilidad a IU y Ganemos, instándoles a no despreciar el escrito del interventor municipal

Desde el gobierno local piden además a la concejala de Ganemos que cuente de una vez el interés profesional que tiene en algunos de los casos de readmisión.

Ángeles González, conocida como Kika, concejal de Ganemos Jerez

Ante las manifestaciones vertidas por  la concejala del Grupo Municipal Ganemos, Ángeles González y del concejal portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Raúl Ruiz-Berdejo, el Gobierno Municipal  se ve obligado a  efectuar las siguientes aclaraciones:

En primer lugar,  instamos a los dos  a que rectifiquen las calificaciones vertidas, con sorna, sobre el informe del interventor municipal.  No es propio de miembros de la Corporación Municipal descalificar de forma despectiva el trabajo del funcionario con Habilitación Nacional  que, por ley, tiene encomendada funciones fiscalizadoras de los acuerdos a adoptar por los órganos municipales. El contenido de sus informes podrá gustar o no, pero es quien tiene la competencia y la responsabilidad para emitirlos.

Por otra parte, quizás como estos dos concejales no estuvieron en la sesión de la Mesa del ERE celebrada el pasado  miércoles, no deben haber hablado con los compañeros de sus grupos políticos que sí estuvieron, por ello, les instamos a que se informen bien.

En la  citada reunión a la que, como es habitual, asisten afectados del ERE, sindicatos y representantes de Ganemos, Izquierda Unida y Ciudadanos, así como miembros del Gabinete Jurídico municipal,   también acudió el Interventor Municipal a requerimiento de los afectados del ERE. Durante la sesión, el interventor leyó con detalle todos los puntos que considera no están analizados ni se concluye sobre ellos en el informe  jurídico. Los mismos puntos que luego ha detallado por escrito. Además ya lo había pedido por escrito días antes al gabinete jurídico. A continuación y  delante de todos los asistentes,  los miembros del Gabinete Jurídico dejaron claro que ellos no iban a completar su informe y sugirieron que se encargase un segundo informe jurídico que lo completase.

Raúl Ruiz-Berdejo, líder de IU Jerez.

Además, en dicha reunión ya se expuso que la solicitud de completar el informe jurídico  con esos puntos le fue pedida por escrito  también por la Primera Teniente de Alcaldesa, con fecha de 29 de julio pasado, siendo respondida negativamente por los miembros del Gabinete Jurídico. Por lo tanto han sido dos veces las que se le ha solicitado. El escrito del interventor no es nada nuevo.

Los dos concejales de Ganemos e Izquierda Unida se equivocan al decir que el interventor ha puesto reparos,  llama la atención que una abogada tenga esta confusión jurídica. Lo que el interventor manifestó en la reunión de la Mesa del ERE y luego ha dejado por escrito es que el informe jurídico es necesario que aborde  varios  extremos y conclusiones;  es decir, que se complete.

Resulta llamativo que la  concejala de Ganemos, Ángeles González,  diga que  la mayoría de los  puntos que el interventor dice que falta su análisis y conclusión, ya han sido contestados en anteriores informes, e incluso por la Dirección General de la Función Pública;  algo de todo punto imposible porque dichos informes se emitieron cuando aún no estaban elaborados los expedientes administrativos, que son sobre los que se requiere un informe jurídico concluyente.

También resulta sorprendente que  la concejala de Ganemos y el representante de Izquierda Unida cuestionen la necesidad de análisis jurídico de algunos de los puntos que detalla el interventor, por cuanto es la Dirección General de la Función Pública la que exponía la necesidad de análisis  jurídico de cada uno de esos puntos respecto a cada uno de los expedientes de los acuerdos transaccionales a aprobar.

Finalmente, recomendamos a los dos concejales que se lean las competencias asignadas por ley  al Secretario General de Pleno  de un municipio de gran población, entre las que no cuenta informar jurídicamente  los acuerdos a aprobar.  Y le instamos a  la  concejala de Ganemos a que nos aporte ese informe jurídico que dice tiene hecho, pero que nunca nos ha mostrado. Así como a realizar un informe de los 10 puntos que según ella, puede rebatir al interventor.

Por otra parte, creemos que ya es hora de que la concejala de Ganemos, Ángeles González, diga la verdad  y cuente abiertamente a los afectados del ERE, a sus compañeros de grupo político y al resto de la opinión pública, el interés profesional que tiene en determinados casos ya que cuando se conozca la existencia de este interés, se explicará todo el mundo el porqué desprecia el informe del órgano de fiscalización y se empeña en no dar importancia a que no contemos con un informe jurídico  que concluya sobre si cada uno de los acuerdos transaccionales cumplen con la legalidad o no.  Su interés profesional, quizás, le  exige  inhibirse de ser la que se ocupa de este tema dentro del grupo Ganemos.

Este equipo de gobierno no ha parado de trabajar  salvando cada uno de los escollos  que  originó el PP  con  el ERE injusto y arbitrario  y que intentó dejar casi cerrada las puertas a la readmisión de sus afectados. Levamos trabajando un año incesantemente y con total transparencia, informando de la marcha de los trabajos a través de periódicas Mesas  del ERE,  invitando a los miembros de la oposición y a los sindicatos a acudir a las reuniones más importantes, en definitiva, han estado informados de todos y cada uno de los muchos problemas y de las soluciones dadas.

Por último es necesario destacar  que el Gobierno Municipal está trabajando con seriedad y con responsabilidad para que finalmente el Pleno de la Corporación Municipal pueda aprobar los acuerdos transaccionales con  total garantía jurídica, por la seguridad de  cada uno de los concejales y concejalas que vayan a votar a favor y por la seguridad de los propios afectados.  Presentar al Pleno los acuerdos sin un informe jurídico que avale  de forma clara y  contundente  su legalidad, es una grave irresponsabilidad  y una deslealtad para con todos los miembros de la Corporación  Municipal y para los propios trabajadores afectados,  siendo incomprensible que esto sea lo que piden estos concejales de Ganemos e IU.