El Gobierno Municipal de Mamen Sánchez (PSOE), responde con "sorpresa" a las declaraciones efectuadas por el PP respecto a la contratación externa de servicios de defensa jurídica, que el Ayuntamiento ha puesto en marcha por importe de 26.250 euros.
Para el Gobierno, es importante recordar que “el problema de la insuficiente dotación de letrados lo originó el Gobierno de la señora García Pelayo, ya que en la RPT, que aprobaron en 2012, determinaron que el puesto de letrado sólo puede ser ocupado por personal funcionario”.
Asimismo, desde el Gobierno se subraya que “el nivel de carga de trabajo en el Gabinete Jurídico es tal que a principios de este año uno de los letrados acudió a la Inspección de Trabajo por la sobrecarga de trabajo existente. Por ello –se añade- se procedió a la contratación externa de un despacho de abogados por importe de 18.000 euros, cuyo contrato ha finalizado al haber asumido ya 60 procedimientos judiciales”.
Todo ello, en palabras del Gobierno, “evidencia la necesidad de seguir contando con un servicio externo de defensa jurídica”. En este caso, el procedimiento de contratación que se ha iniciado “es el que la Ley determina según la cuantía, es decir el procedimiento negociado sin publicidad, para lo cual, además de efectuar invitaciones a más de tres despachos, se ha publicado en el Perfil del Contratante para general conocimiento y con el fin de permitir que otros bufetes interesados puedan concurrir”.
Respuesta del PP de Jerez
Por su parte, los populares contestan que "el cese del anterior director del gabinete jurídico, la asignación de funciones a una trabajadora sin experiencia como letrada y la concatenación de contratos a abogados externos son procedimientos del PSOE plagados de ilegalidades”.
Desde el Partido Popular de Jerez consideran que “el ataque del PSOE por la asistencia jurídica justificada para un Expediente de Regulación de Empleo no es más que una “cortina de humo de Mamen Sánchez para intentar tapar una ilegalidad grave”.
Además afirman con rotundidad que “el cese del anterior director del gabinete jurídico, la asignación de funciones a una trabajadora sin experiencia como letrada y la concatenación de contratos a abogados externos son procedimientos del PSOE plagados de ilegalidades”.
Manifiestan que “el cese del Director del Gabinete Jurídico se realizó por criterios políticos y no técnicos, asignando sus funciones a una trabajadora sin experiencia alguna en representación jurídica en juicios a pesar de que había candidatos con perfiles adecuados que fueron rechazados” y añaden que “resulta del todo llamativo que existiendo personas que pudieran llevar la Dirección del Gabinete Jurídico, a pesar de no ser funcionarios, se le den esas funciones a una persona que no tiene conocimiento alguno de la defensa y representación en juicio, y existiendo un informe emitido por técnico del Área de Presidencia al respecto de la viabilidad de asignar las funciones de la Dirección del Gabinete Jurídico a una letrada con más de 20 años de ejercicio que se ofreció a ello, pero se eligió a alguien sin experiencia alguna como abogado” igualmente concluyen a este respecto que “además de todo lo anterior utilizaron un proceso de acumulación de funciones cuando deberían haber provisto la plaza conforme a un procedimiento que hubiese permitido la libre concurrencia de las personas capacitadas, y no lo hicieron por interés político y para eliminar trabas a la posterior externalización de los servicios”.
Y para los populares, “lo más grave de todo el proceso son las interesadas omisiones en las que han incurrido desde el gobierno del PSOE para justificar la necesidad de las contrataciones externas. Eliminar datos del informe de necesidad con la intención de generar una necesidad ficticia para contratar a los abogados externos es algo muy grave y que podría ser constitutivo de delito” y añaden que “en el informe con el que pretenden justificar la necesidad de contratar fuera a los abogados se omite que el anterior director del gabinete jurídico había solicitado refuerzo de personal y se le había negado, omite que hay más de 50 juristas en el Ayuntamiento y ocho con experiencia en juicios, omite la posibilidad de asignar más jurisdicciones a los trabajadores que actualmente ejercen sus funciones como letrados, omite la posibilidad de asignar funciones a trabajadores que ya habían tenido experiencia previa en el gabinete jurídico, omiten que hay trabajadores que fueron cesados y debían volver a sus puestos como letrados, omite la solicitud y el deseo de incorporarse al gabinete jurídico de varios juristas del Ayuntamiento que actualmente tienen baja carga de trabajo por decisión política y omite que nada se ha hecho desde el punto de vista organizativo interno para solventar la situación creada por el PSOE hace un año sino que la destrucción del gabinete jurídico se ha ido aumentando con el tiempo en lugar de solucionarlo”.
Para finalizar, desde la formación popular recuerdan e insisten que en el Ayuntamiento de Jerez “hay más de 50 juristas, ocho de ellos con gran experiencia en asistencia a juicios y a los que el PSOE no les asigna las funciones para así tener una coartada para contratar los servicios y además actualmente hay letrados en el gabinete jurídico del Ayuntamiento de Jerez que no son funcionarios por lo que la excusa de que no hay más funcionarios no justifica la desintegración del gabinete jurídico y la contratación externa de estos servicios”.
