Al Gobierno de España de Pedro Sánchez continúan abriéndoseles diversos frentes y las críticas se le multiplican por todos los lugares. Una de las últimas en manifestarse en contra de su gestión ha sido la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo quien ha considerado que "parece que los únicos que tienen derecho a reunirse con el ministerio son empresarios como Aldama".
En estos términos se ha referido la regidora jerezana a través de la red social X donde también ha querido añadir que "en más de 10 ocasiones hemos solicitado reuniones con la señora ministra (refiriéndose a María Jesús Montero), pero para ella los ayuntamientos no cuentan"
Todo ello viene a colación después de que se haya conocido de que la referida vicepresidenta del Gobierno haya admitido recientemente que su jefe de gabinete, Carlos Moreno, se reunió en cuatro ocasiones (entre diciembre de 2019 y mayo de 2021) con el empresario Víctor de Aldama, considerado por la Guardia Civil como el "nexo corruptor" de la trama Koldo que hizo negocios a la sombra de varios ministerios.
García-Pelayo carga contra el Gobierno de Pedro Sánchez desde Jerez
Respecto a estos encuentros que han provocado la reacción María José García-Pelayo, hay que especificar que el empresario Víctor de Aldama relataba al Supremo que Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, mantuvo con él "varias conversaciones de Whatsapp" en las que le solicitaba "oportunidades de inmuebles, toda vez que quería adquirir uno con su pareja". De esta forma, explica, "comenzó" entre ambos "una relación de interés".
Asimismo, a lo largo de su comparecencia, De Aldama aseguró haber pagado una comisión de 25.000 euros a Carlos Moreno a cambio de influir en la Agencia Tributaria para que aplazara una deuda de Pilot Real Estate, una de las empresas vinculadas a la red. Hace pocas fechas, el empresario solicitó al juez de la Audiencia Nacional que reclamara el expediente de la compañía a Hacienda para verificar sus afirmaciones.
Finalmente, hay que añadir que Montero ha defendido la legalidad de las reuniones argumentando que el Gobierno debe estar disponible para atender al sector empresarial. "Los ministerios no pueden poner un muro frente a las empresas por miedo a que sus reuniones se saquen de contexto», señaló. Asimismo señalaba que "estamos aquí para ayudar a las empresas españolas a competir, crecer y resolver sus problemas".
