Los Juzgados únicos para las demandas de cláusulas suelo, "un error"

El decano del Colegio de Abogados de Jerez considera que la ubicación de uno sólo en Cádiz capital supondrá un mayor coste y colapso 

La institución colegial se suma a la decisión adoptada por la Abogacía española y el Consejo Andaluz para recurrir el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial

El Ilustre Colegios de Abogados de Jerez se ha sumado a la decisión adoptada por unanimidad en el último pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para recurrir el acuerdo del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) sobre Juzgados únicos especializados en cláusulas suelo. El decano del Colegio, Marcos Camacho, ha participado en el pleno que se ha celebrado en Granada manifestando su voto a favor en nombre de la institución colegial.

El acuerdo del máximo órgano de representación de los abogados andaluces se suma a la decisión adoptada a nivel nacional por el pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en el que también ha participado con su voto favorable el decano del Colegio de Abogados de Jerez.

Marcos Camacho ha expresado su desacuerdo con la decisión adoptada por el máximo órgano de representación de los jueces por entender que “es una medida errónea que colapsará el juzgado único ubicado en la capital gaditana para atender a toda la provincia ante la avalancha de demandas que se esperan”.

Además, considera que “esta decisión va a suponer un mayor coste económico para el ciudadano en el litigio que mantendrá con las entidades financieras, ya que en el caso de Jerez y otros puntos de la provincia tendrán que desplazarse a Cádiz”.

Camacho entiende, además, que “la medida ha sido tomada de forma unilateral por el CGPJ sin contar con la opinión de los abogados”. En este sentido, apunta que “a estas alturas cualquier decisión que afecta a la Justicia debería consultarse de forma obligatoria con la Abogacía española, que representa al colectivo más importante de la administración de Justicia y porque su consideración constitucional para la defensa del ciudadano hace que seamos quienes mejor conocemos la problemática que supone la implantación de medidas poco reflexivas como ésta”.

El Pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, reunido el pasado miércoles en Granada, aprobó por unanimidad interponer recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 25 de Mayo de 2.017, por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Igualmente, ha anunciado que se solicitará como medida cautelar la suspensión de la aplicación de dicho acuerdo dado que su aplicación producirá perjuicios irreparables o de muy difícil reparación.

El máximo órgano de gobierno de la abogacía andaluza, que integra a los ocho colegios provinciales y a los de Jerez de la Frontera, Antequera y Lucena, considera que la creación de órganos judiciales especializados debe tener un carácter excepcional y obedecer a sólidos fundamentos fácticos y jurídicos, pues afecta al derecho fundamental de toda persona al juez ordinario predeterminado por la ley, al derecho a la tutela judicial efectiva y es incompatible con el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (art. 6.1), suponiendo de facto una reforma encubierta de la demarcación judicial, sin que exista en el acuerdo adoptado por el CGPJ una mínima exposición de los motivos que han llevado a la adopción de esas concretas de provincialización y especialización medidas y no de otras más razonables, coherentes y necesarias como sería la de refuerzo de todos los juzgados de todos los partidos judiciales de España.

El Consejo Andaluz ha mostrado contrario a que esos Juzgados de ámbito provincial sean servidos por jueces en prácticas como está previsto, pues ello no garantizará la prestación de un buen servicio público judicial ya que la especialización resulta muy cuestionable en jueces carentes de experiencia profesional.

La abogacía andaluza ha reivindicado también que se respete el derecho de la abogacía institucional a participar en la adopción de decisiones que afecten a la modificación de la territorialidad de los órganos judiciales, pues la abogacía defiende siempre la Justicia de proximidad como mejor fórmula para prestar al ciudadano un satisfactorio servicio público judicial.