La Policía Nacional ha desarticulado en Jerez de la Frontera un grupo criminal dedicado presuntamente a la comisión de delitos de falsedad documental, estafa, favorecer la inmigración clandestina y delitos contra los derechos de los trabajadores. La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en junio de 2024 en la Comisaría Local de Jerez, en la que un ciudadano manifestó haber entregado una importante cantidad de dinero a cambio de la realización de trámites de extranjería que nunca llegaron a efectuarse. Hasta el momento, se han producido cinco detenciones.
Fruto de las gestiones llevadas a cabo por el Grupo de Extranjería de la Comisaría Provincial de Cádiz se ha podido acreditar la existencia de una estructura organizada que actuaba desde dos domicilios de Jerez, donde se realizaban los empadronamientos fraudulentos de ciudadanos extranjeros que no residían en los mismos. Estos empadronamientos se efectuaban mediante contratos de arrendamiento ficticios, valiéndose incluso de inmuebles en condiciones de inhabitabilidad. La finalidad última era regularizar la situación administrativa de los beneficiarios de estos empadronamientos para acceder a ayudas y servicios públicos.
Parte de los beneficios económicos obtenidos a través de esta red procedían de pagos realizados por los ciudadanos extranjeros, bien mediante transferencias o a través de plataformas digitales, quedando reflejados en los registros de las operaciones analizadas. Las actuaciones policiales se han saldado hasta la fecha con cinco detenciones, llevadas a cabo en distintas provincias del territorio nacional, incluyendo Cádiz, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. Igualmente, continúan abiertas diligencias contra otros implicados que han sido citados para comparecer ante la autoridad competente.
Policía Nacional refuerza su compromiso en la lucha contra las redes de inmigración ilegal
Cabe reseñar que, entre los implicados, figuran personas con diferentes roles: desde quien gestionaba los empadronamientos a cambio de contraprestaciones económicas, hasta quienes colaboraban en labores logísticas, como el transporte de los ciudadanos hasta el ayuntamiento o sus lugares de trabajo. Con esta operación, la Policía Nacional "reafirma su compromiso en la lucha contra las redes de inmigración ilegal y la protección del orden jurídico en materia de extranjería y derechos laborales".
