Tres agentes de la Guardia Civil están acusados de un delito de tráfico de drogas desde Marruecos a España. La Audiencia de Málaga tiene previsto comenzar esta semana el juicio a nueve hombres acusados de introducir droga en la península desde África, estando entre los procesados tres guardias civiles, que formaban un grupo organizado, con supuestas vinculaciones a organizaciones criminales dedicadas al tráfico de dichas sustancias.
ELMIRA.es ha podido saber que el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil comenzó una investigación "para descubrir actividades de corrupción policial de miembros del cuerpo vinculadas a organizaciones criminales de tráfico de sustancias estupefacientes entre Marruecos y la península".
La investigación se produjo en cadena. Los indicios que apuntaban a un agente dieron lugar a descubrir a otros, de forma que estos guardias civiles supuestamente "formaban un grupo organizado y jerarquizado que tenía como finalidad llevar a cabo la introducción de sustancias estupefacientes en el país en colaboración con diferentes organizaciones dedicadas al narcotráfico", dice la acusación.
Así, estos agentes "aportarían seguridad en el momento de llevar a cabo el hecho delictivo", pues supuestamente "se aprovechaban los momento en que estaban desarrollando su servicio policial para permitir la descarga de la droga, informar de dispositivos de servicio, horarios y lugares de las patrullas", indica el escrito inicial del ministerio público.
Aprovechaban su posición como miembros de la Guardia Civil para el tráfico de drogas
Esta acusación señala que los agentes procesados, que tenían destino en el servicio marítimo de Motril (Granada), presuntamente "se encargaban de dar cobertura" a organizaciones dedicadas al narcotráfico para favorecer la entrada de la sustancia a través del litoral, mostrando, en ocasiones, "las formas de eludir la acción del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE)".
En este sentido, uno de los guardias civiles se encargaba, al parecer, de contactar con las organizaciones delictivas interesadas y de coordinar y dirigir las funciones a realizar con esas redes "poniendo precio en función de los servicios requeridos", dice el fiscal, apuntando que también era el que supuestamente daba información de los días en los que los agentes estaban de servicio.
Los otros dos agentes "colaboraban con él, cumpliendo sus órdenes y obteniendo su compensación económica por tal actividad", sostiene inicialmente el ministerio público, mientras que otro acusado era el enlace entre esa infraestructura de seguridad y la organización delictiva y también el encargado de adquirir el material para las operaciones.
La investigación puso de manifiesto que dicha organización internacional de narcotráfico planeaba varias entradas de droga en España, apuntando la Fiscalía que en una de esas transacciones "los acusados guardias civiles cobraron 7.500 euros cada uno" por supuestamente no interceptar la embarcación, localizada posteriormente en un embarcadero de Motril con 750 kilos de hachís.
