Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Málaga, Castellón, Valencia y Madrid una organización criminal dedicada, presuntamente, a la venta ilícita de televisión de pago por Internet.
Seis personas han sido detenidas, incluyendo el principal proveedor, que daba servicio a cerca de 2.000 personas. Otros dos arrestados ejercían como revendedores y facilitaban la señal a otros 1.000 usuarios. Se estima que el grupo consiguió unas ganancias de, aproximadamente, 150.000 euros anuales, según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado.
Las investigaciones comenzaron a principios de 2020, cuando la operadora --propietaria de su propia plataforma de distribución exclusiva de contenidos bajo la modalidad de IPTV y de satélite-- detectó una serie de páginas web, relacionadas entre sí y publicitadas en varias redes sociales, cuya finalidad era la comercialización ilícita de los contenidos ya que no contaban con la autorización ni con los permisos necesarios para realizar esa difusión.
Así, una vez recibida la denuncia, los agentes analizaron las páginas web denunciadas y los medios de pago que utilizaban los investigados para recibir los ingresos por los servicios que prestaban.
Los policías determinaron que uno de ellos era el principal elemento de la organización criminal, ya que era quien difundía la señal ilícita de televisión y quien se la facilitaba a los demás implicados, que eran revendedores de la misma.
Estructura de difusión de señal ilícita
La organización contaba con una estructura típica de difusión de señal ilícita mediante IPTV, compuesta por un proveedor de contenidos que es la persona fundamental al facilitar la señal de televisión con los canales que se ofrecen.
También con los revendedores o resellers, que son los encargados de comprar esa señal al proveedor y revendérsela posteriormente a los usuarios finales por un precio algo más elevado; y los usuarios finales, que son los clientes que contactan con los revendedores, que se suelen anunciar a través de sus propias páginas web, redes sociales o portales de compra-venta, principalmente, para poder disfrutar de la señal ilícita en sus domicilios.
A los detenidos se les imputan delitos contra la propiedad intelectual y contra los servicios de radiodifusión televisiva de carácter condicional.
