La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado este miércoles 7 de abril que el fin del estado de alarma supondrá el levantamiento de las medidas "generales" del Covid-19. Las mismas que, como el toque de queda, requieren de este "paraguas" legal.
Eso sí, ha defendido que las Comunidades Autónomas podrán seguir tomando medidas para limitar la movilidad dentro de sus territorios. Situación ya dada a mediados de 2020, tras la desescalada. Así lo ha afirmado con el aval de los tribunales y amparándose en la legislación ordinaria.
"Las comunidades ya tuvieron medidas de contención del movimiento y de la limitación a la actividad pero no desde ese paraguas, que es general". Por lo tanto, "ya lo hemos experimentado, no es una iniciativa nueva", ha argumentado en una entrevista en RNE, recogida por El Mira.
Asimismo, también ha sido preguntada sobre cuál es el escenario que se abrirá cuando decaiga el 9 de mayo el estado de alarma, como prevé el Gobierno. En concreto, sobre si la pandemia de Covid-19 no repunta y la incidencia se mantiene en niveles bajos. En este sentido, Montero ha asegurado que lo que acabarían entonces "son las medidas generales".
Sin embargo, ha asegurado que "lo que no acabará nunca es la competencia que tienen las comunidades para delimitar cuáles son las medidas de seguridad que en su territorio se pueden poner en marcha. Eso es algo importante".
A este respecto, ha defendido que "tanto la legislación ordinaria" como el "refuerzo" del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) "lo permite, sin tener que recurrir al estado de alarma si no es imprescindible".
Los cierres perimetrales autonómicos podrían desaparecer
Preguntada en concreto por los cierres perimetrales a nivel autonómico, Montero ha asegurado que "podrían desaparecer". Aunque esto dependería "de la incidencia que exista en cada territorio".
Aún así, ha admitido que cada territorio puede "poner en marcha algún tipo de medida de restricción que entienda que es conveniente para que no se produzca un incremento en el número de contagios de Covid-19".
En todo caso, la portavoz del Gobierno ha asegurado que confían en que no sea necesario volver a aplicar medidas que limiten los derechos fundamentales. Lo cual sería posible gracias al aumento de la vacunación que se irá produciendo de aquí a finales del verano.
El Gobierno pone fecha final para el estado de alarma
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que su intención es que el 9 de mayo sea el "punto y final" del estado de alarma. Terminar con el estado de alarma supondría el fin también de los cierres de frontera entre comunidades autónomas y otras medidas como el toque de queda.
Esto es debido a que son restricciones que afectan a derechos fundamentales y que para llevarlas a cabo tendría que estar vigente el estado de alarma. En este sentido, diversos expertos consultados indican que a partir de ese 9 de mayo las comunidades autónomas sólo pueden adoptar "medidas ordinarias" en materia de sanidad. Tal y como ocurría en la situación anterior al estado de alarma.
No obstante, indican que para situaciones graves pueden llegar a limitar derechos fundamentales. Eso sí, sólo en casos muy definidos e individualizados valiéndose de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986.
Dicha norma recoge que "con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".
De este modo, los profesionales correspondientes indican que sí que podrían verse aún cierres perimetrales, pero serían de zonas sanitarias, barrios o como mucho de ciudades, nunca de toda una comunidad autónoma. Además, esos cierres que se adoptarían por decreto tendrían que contar con el aval de los tribunales.
Asimismo, también señalan que las administraciones autonómicas podrían, por ejemplo, restringir horarios comerciales y de hostelería. Misma situación que se vivió el pasado verano en el país.
