La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha mostrado su preocupación por la campaña dentro de los centros concertados en contra de la Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación, conocida como 'Ley Celaá'.
"Hay una parte de la concertada que no ha sabido leer las ventajas de la ley, se ha sentido amenazada y, además, ha entrado con una campaña dentro de los centros que nos preocupa", ha señalado la ministra en una entrevista en El País.
En este sentido, ha destacado que todo interés político "ha de quedar fuera de los centros". "Aquí se implica a menores. Estamos abiertos al diálogo y a resolver las preocupaciones de la concertada", ha asegurado.
La ministra ha afirmado que con la entrada en vigor de la nueva ley "ningún profesor de la concertada perderá su puesto de trabajo" y ha criticado "la desinformación que ha circulado sobre el cierre de los centros" que, a su juicio, "es una falsedad".
La 'Ley Celaá' "lo que hace es retirar algunos excesos que se habían ido incorporando"
En este punto, ha explicado que la 'Ley Celaá' "lo que hace es retirar algunos excesos que se habían ido incorporando", por lo que ha subrayado que la concertada que cumple con sus fines sociales "no tiene nada que temer".
Para la ministra, en la ley se afirma la libertad de enseñanza y se define que la prestación del servicio público se realiza a través de los centros públicos y de los privados concertados, "lo que es afirmar la libertad de las familias" y "mantiene los principios básicos de la concertación vigentes desde 1985".
En su opinión, la ley "cambia la filosofía hacia la equidad, impulsa la excelencia para que todos los alumnos desarrollen su talento al máximo, más allá de sus condicionamientos de origen". "La escuela tiene que recuperar su función de ascensor social. Un niño puede entrar vulnerable a la escuela, pero no podemos consentir que salga vulnerable de ella", ha precisado.
"Una falsedad" decir que la ley elimina el castellano en la educación
Respecto a la polémica sobre si la ley elimina el castellano en la educación en comunidades con lengua propia, Celaá ha defendido, en una entrevista en El Confidencial, que eso es una "falsedad" ya que la ley dice "con total rotundidad" que las administraciones educativas "garantizarán el derecho de todos los alumnos a recibir enseñanza en castellano y en la lengua cooficial, conforme a lo establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía".
Así, ha insistido en que la vehicularidad de las lenguas "no está en entredicho" ya que las lenguas "son vehiculares por su propia condición, en sentido amplio, porque son herramienta de comunicación, y en sentido estricto". "Si estamos hablando desde una perspectiva como transmisoras de materias es una cuestión que tenemos que desarrollar si queremos garantizar las destrezas que nos exigen", ha precisado.
"Lo cierto es que esas ideas catastrofistas de algunos sobre que disminuirá la calidad del castellano o por el otro lado que desaparecerá la lengua cooficial se han visto derrotadas con el transcurso del tiempo. Ninguna de las dos es cierta, ninguna de las dos se ha hecho verdad", ha sentenciado Celaá.
Es "falso" que con la nueva ley tengan que cerrar los colegios de educación especial
Por otro lado, la ministra ha afirmado que es "falso" que con la nueva ley tengan que cerrar los colegios de educación especial. En concreto, ha explicado que el mandato que la ley da al Gobierno es que en el plazo de diez años aporte los recursos necesarios a centros ordinarios para que traten a las personas con discapacidad y, en su opinión, "es increíble que pueda sentirse como una amenaza para los centros de educación especial".
Además, ha añadido que la ley les otorga otra función que "es la de ser centros de apoyo y referencia porque tienen acumulado un patrimonio en términos de conocimiento que ha de servir también para asesorar al resto de la red". "Centros ordinarios decimos, es decir, centros públicos y centros ordinarios privados y los centros de educación especial, además, podrán seguir escolarizando a alumnos con discapacidad especial", ha precisado.
Cientos de coches llenan las calles de España para protestar contra la 'Ley Celaá'
La concentración convocada por la Plataforma Más Plurales a favor de la educación concertada y contra la LOMLOE, la reforma de la ley educativa conocida como 'Ley Celaá', ha arrancado en torno a las 11.00 horas en el Paseo de la Castellana de Madrid.
Manifestantes se echan a la calle para protestar por la 'Ley Celaá'
La plataforma, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada, ha animado a los ciudadanos a salir a las calles en sus vehículos para protestar contra la 'Ley Celaá'.
En Madrid, la manifestación está transcurriendo por el Paseo de la Castellana, en un circuito entre la Plaza de Cibeles y la glorieta de Cuzco. A las 12.30 horas se dará lectura a un manifiesto.
Bajo el lema 'Por el derecho a elegir la educación que queremos', los convocantes han llamado a la movilización con vehículos en provincias de todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, País Vasco, Canarias, Comunidad Valenciana. Tampoco se prevén concentraciones en Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia y Soria.
España se viste de naranja para protestar por la LOMLOE
"Este domingo toda España se vestirá de naranja para gritar que con la LOMLOE más de 47 millones de españoles perderán libertad ¡No te resignes y sal en coche a manifestarte!", llaman los impulsores de las protestas.
La movilización de este domingo se suma a las otras cuatro celebradas este mes de noviembre frente al Congreso de los Diputados y en los centros escolares, y se enmarca en el calendario de acciones previstas de la campaña 'Más Plurales, Más Libres, Más Iguales' que ha puesto en marcha para intentar paralizar la nueva ley de Educación, una ley que, a su juicio, ha sido tramitada "sin el menor consenso con la comunidad educativa ni la sociedad civil".
"Estamos ante un Proyecto de Ley fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo, elemento sin duda clave en una sociedad democrática", critica la plataforma.
